Los fiscales generales de doce estados demócratas presentaron una denuncia contra la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU (FDA, por sus siglas en inglés) por las restricciones que este organismo mantiene sobre la dispensación de mifepristona, el fármaco más utilizado para realizar abortos químicos. Según los demandantes, "no existe base científica" para situar este medicamento al mismo nivel que el fentanilo.
El principal impulsor de la demanda es el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, respaldado por sus colegas de Oregón, Nevada, Delaware, Arizona, Illinois, Connecticut, Colorado, Vermont, New México, Michigan, y Rhode Island. La denuncia fue presentada ante el Tribunal del Distrito Este de Washington. En ella, los demandantes critican que un medicamento que se ha demostrado "seguro y efectivo" desde hace dos décadas continúe estando dentro de la Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riesgos (REMS, por sus siglas en inglés). Esta calificación hace que su prescripción y dispensa esté estrictamente limitada.
We partnered with @ORDOJ today to lead a federal lawsuit joined by 10 other states challenging FDA’s unlawful, unnecessary restrictions on a medication abortion drug. Read more here: https://t.co/axfi8O8MWn pic.twitter.com/sRjIb5NKQS
— Attorney General Bob Ferguson (@AGOWA) February 24, 2023
Peligro de acoso y amenazas para médicos y mujeres
Ferguson argumenta que "la FDA sólo ha impuesto REMS para 60 de los más de 20.000 medicamentos de venta con receta aprobados por la FDA y comercializados en EE.UU. Se trata de fármacos peligrosos como el fentanilo y otros opioides, determinados medicamentos de riesgo contra el cáncer y sedantes en dosis altas utilizados en pacientes con psicosis". Una consideración que, según él, no puede aplicarse a la mifepristona, que se usa en el 53% de los abortos químicos de todo el país por su seguridad y eficiencia.
Para los demandantes, esta situación pone en peligro a los doctores, farmacéuticos y a las mujeres que deciden abortar:
Sólo sirve para hacer que la mifepristona sea más difícil de recetar para los médicos, más difícil de dispensar para las farmacias, más difícil de acceder para los pacientes y más gravosa de dispensar para los estados demandantes y sus proveedores de atención sanitaria. No sólo eso, sino que los REMS requieren una documentación onerosa del uso de la mifepristona por parte de la paciente con el fin de abortar, haciendo que la telemedicina sea menos accesible y creando un rastro de papel que pone tanto a pacientes como a proveedores en peligro de violencia, acoso y amenazas de responsabilidad en medio de la creciente criminalización e ilegalización del aborto en otros estados.
"Amenaza al acceso al aborto"
Ferguson destaca en su argumentación que se trata de algo urgente en defensa del supuesto derecho al aborto, perseguido en muchos estados que pretenden prohibirlo, basándose en la sentencia del Tribunal Supremo que revocó Roe vs. Wade. En enero, la FDA autorizó, por primera vez, la dispensa de la mifepristona en algunas farmacias minoristas, lo que parece no ser suficiente para los demandantes.
La disponibilidad del aborto farmacológico nunca ha sido tan importante. Mientras los estados de todo el país se han movilizado para criminalizar y penalizar civilmente el aborto, los estados demandantes han preservado el derecho a acceder a la atención del aborto, y han acogido a personas de otros estados que necesitan atención para abortar. La disponibilidad extremadamente limitada del aborto en otros estados, y la creciente amenaza al acceso al aborto en todo el país, hace que el acceso de las pacientes al aborto con medicamentos sea primordial. El aborto farmacológico mediante una combinación de mifepristona y misoprostol es el "patrón oro" para la interrupción precoz del embarazo, utilizado por la mayoría de las personas que deciden abortar en Estados Unidos.
La FDA, demandanda en Texas por lo contrario
Aunque no la cita, una de las razones por la urgencia demócrata en sacar adelante la demanda es la denuncia que la organización Alliance Defending Freedom (ADF) presentó en un tribunal federal de Texas, también contra la FDA, por el motivo contrario. ADF actuó en nombre de cuatro asociaciones médicas nacionales y varios médicos, y argumenta que el organismo federal "eligió la política sobre la ciencia y aprobó medicamentos químicos abortivos para su uso en los Estados Unidos". La demanda señala seis acciones discretas de la agencia desde la legalización de la mifepristona y el misoprostol en 2000 y reclama al tribunal que declare ilegales dichas acciones.
