Los votantes de Arizona decidirán si la policía estatal o local puede detener inmigrantes ilegales

Tras el veto de la gobernadora Hobbs a un proyecto de ley similar a la ley de Texas, los conservadores envían la propuesta a un referéndum el próximo 5 de noviembre.

La Legislatura de Arizona, controlada por el Partido Republicano, aprobó una propuesta para preguntar a los votantes del Estado del Gran Cañón durante las elecciones del 5 de noviembre si el intento de un inmigrante sin papeles de cruzar la frontera con México sin pasar por los puertos de entrada debería ser considerado un delito estatal. La iniciativa salió adelante el mismo día que el presidente Biden firmó una orden ejecutiva "para asegurar nuestra frontera y abordar nuestro sistema de inmigración roto".

La propuesta, aprobada finalmente por un ajustado 31-29 en la Cámara de Representantes, da poder a la policía estatal y a la local para arrestar a quienes crucen la frontera sin autorización. Además, los jueces del Estado del Gran Cañón podrían enviar de regreso a su país de origen a dichas personas. La norma ya había aprobada el 22 de mayo por el Senado estatal por 16 síes y 13 noes.

Hobbs carga contra la iniciativa de la Legislatura de Arizona

No es la primera vez que la legislatura aprueba una norma de este estilo. De hecho, la gobernadora Katie Hobbs ya vetó la bautizada como "Ley de Invasión de la Frontera" en marzo, que había sido aprobada por ambas cámaras. En ese momento acusó a los republicanos de proponer una "legislación antiinmigrantes" que "demoniza nuestras comunidades" y "no asegura nuestra frontera". Al tratarse de una consulta para un referéndum, Hobbs no tiene capacidad de veto en esta ocasión, pero cargó duramente contra la HCR2060 desde sus redes sociales:

Como he dicho una y otra vez: HCR2060 perjudicará a las empresas de Arizona, enviará puestos de trabajo fuera del estado, hará más difícil que las fuerzas del orden hagan su trabajo y arruinará el presupuesto del estado. No asegurará nuestra frontera.

Propone endurecer las penas por el tráfico de fentanilo

La iniciativa incluye otras disposiciones no directamente relacionadas con la inmigración, como el tipificar la venta de fentanilo que provoque la muerte de una persona como un delito punible con hasta 10 años de prisión. Además, incluye el acceso de algunas agencias gubernamentales a una base de datos federal para verificar la elegibilidad de un no ciudadano para recibir prestaciones.

Se trata de una medida similar a la aprobada por Texas hace unos meses, y que se encuentra en los tribunales. Tras el ejemplo del Estado de la Estrella Solitaria, Iowa y Oklahoma aprobaron medidas en esta línea.