Iowa se enfrenta al DOJ y asegura que "no dará marcha atrás" a la ley estatal que permite arrestar a algunos inmigrantes ilegales
"A diferencia del Gobierno federal, respetaremos el estado de derecho y lo aplicaremos". Así respondió la gobernadora Kim Reynolds a la advertencia de demanda del Departamento de Justicia.
(Cordon Press)
"La única razón por la que tuvimos que aprobar esta ley es porque la Administración Biden se niega a hacer cumplir las leyes", así respondió la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, a la advertencia -de tomar acciones legales- del Departamento de Justicia (DOJ) si se aplica una nueva norma estatal que permite a las autoridades arrestar inmigrantes ilegales a quienes anteriormente se les negó la entrada o se les deportó del país:
La fiscal general de Iowa, Brenna Bird, también se manifestó en referencia a la amenaza de demanda del DOJ y aseguró que el estado "no dará marcha atrás":
La Administración Biden amenaza al estado
La Administración Biden advirtió Reynolds de que se emprenderán acciones legales si aplica la nueva ley. Mediante una carta, un funcionario del Departamento de Justicia dio al estado el 7 de mayo como fecha límite para suspenderla.
Según información del Des Moines Register, el Fiscal General Adjunto Principal, Brian Boynton, dijo que la nueva norma "viola la Constitución de los Estados Unidos". Aseguró de que entra en conflicto "con varias disposiciones de la ley federal que permiten a los no ciudadanos buscar protección contra la expulsión para evitar persecución o tortura".
El funcionario argumentó que la ley "se entromete en un campo que está ocupado por el Gobierno federal y en el que tiene prioridad".
La ley de Iowa, similar a la de Texas
La ley de Iowa es similar a la norma SB4 de Texas (cuyo caso se ha convertido en una lucha legal con el Gobierno federal). La norma entrará en vigor el 1 de julio, y convierte en un delito menor agravado (con una condena de hasta dos años de cárcel) que los inmigrantes se encuentren en el estado si tienen órdenes de deportación pendientes o fueron deportados anteriormente.
La ley eleva el delito menor a delito grave si las órdenes de deportación estaban relacionadas con condenas por crímenes.
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