Ecuador vive uno de sus episodios más oscuros en lo que va de siglo. Entre el 8 y el 9 de enero, el narcoterrorismo le declaró la guerra al país tomándose cárceles, universidades y medios de comunicación luego de que terminara el 2023, el año más violento de la historia del país sudamericano.
Los vídeos son terribles. Civiles secuestrados, heridos y asesinados. Miembros de las fuerzas de seguridad ejecutados a sangre fría por criminales. Los miembros de las pandillas, que forman parte del crimen organizado, están absolutamente desatados y el presidente, Daniel Noboa, finalmente actuó declarando “Conflicto Armado Interno”.
He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller,… pic.twitter.com/rVfSTFmHlG
— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 9, 2024
Todo esto sucede apenas horas después de que Adolfo Macías, alias "Fito", se fugara misteriosamente de una prisión en Ecuador que llevó al presidente Noboa a declarar el estado de excepción. Se trata del jefe de la banda Los Choneros, una de las bandas criminales más peligrosas de Ecuador.
¿Pero cómo llegó Ecuador a este punto?, ¿fue un hecho repentino o algo que se vino gestando con el correr de los años? Aquí algunas claves para entenderlo.
“La paz” en Colombia le salió costosa a Ecuador
En entrevista con Voz Media, Juan Martin Salvador, analista ecuatoriano que trabaja para el think tank Hacia Asia Pacífico, explicó que Ecuador fue, por mucho tiempo, una “isla de paz” en medio de países históricamente violentos como Perú y Colombia, especialmente luego de que en la década de los ochenta el expresidente León Febres-Cordero acabara con las guerrillas marxistas ecuatorianas recientemente formadas.
No obstante, entre el 2000 y 2005, período en el que funcionó el “Plan Colombia” y otras políticas de seguridad, diversos grupos criminales colombianos empezaron a refugiarse en Ecuador ante las exitosas gestiones de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez. Una situación que se incrementó especialmente tras los polémicos “Acuerdos de Paz” entre el Estado colombiano y las guerrillas armadas.
Las consecuencias para Ecuador fueron nefastas, de hecho, varios estudios recogen el fenómeno de la internacionalización del conflicto colombiano.
Primero, la frontera de Ecuador con Colombia se convirtió en una bomba de tiempo militarizada, con grupos armados marxistas como las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) operando dentro de sus fronteras.
Segundo, se volvió una zona completamente inestable propensa al conflicto debido a la impresionante cantidad de cultivos de coca, tráfico y comercio de droga, según un reportaje de la BBC en 2018.
Con el tiempo, la producción y el comercio de droga hizo que Ecuador básicamente dejara de ser país de tránsito a un centro de distribución de la droga para toda América Latina, gracias a la participación no solo de grupos criminales colombianos sino de toda la región, incluyendo carteles mexicanos.
La falsa paz de Correa
El socialista Rafael Correa llegó en 2007 a la Presidencia de Ecuador con un discurso de outsider. No obstante, la etiqueta le duró muy poco, pues muy pronto terminó alineándose con el difunto mandatario socialista venezolano Hugo Chávez formando parte de la controvertida organización marxista Foro de Sao Paulo.
Pero Correa, quien era un hombre de clase media que no tenía recursos para financiar una campaña presidencial, no llegó al poder solo.
Según Jorge Briceño, un jefe de las FARC conocido como “Mono Jojoy”, Correa llegó al cargo de presidente financiado por el grupo guerrillero. Asimismo, muchos reportes de prensa denuncian que Correa recibió financiamiento de dinero sucio del chavismo para sus dos compañas presidenciales.
Si bien Correa niega los vínculos con las FARC, el expresidente socialista no puede negar su pacto “de falsa paz” con las bandas criminales.
Martin Salvador explica que, durante el primer gobierno de Correa, tras un proceso Constituyente, Ecuador eliminó la base militar de los Estados Unidos en el país sudamericano que servía para mantener a raya a los grupos de narcotráfico. Con el tiempo, también se logró un acuerdo de “pacificación” que desembocó en la “legalización” a las pandillas ecuatorianas.
Si bien los medios internacionales calificaron el inédito plan ecuatoriano como exitoso, producto de los bajos índices de homicidios bajo el Gobierno de Correa, la realidad, según Martin Salvador y otros críticos, es que las bandas criminales en el país sudamericano nunca dejaron de delinquir y, además, se fueron fortaleciendo con el correr de los años bajo la mirada cómplice del Estado.
Al salir Correa del poder, era cuestión de tiempo para que “la paz” se derribara como un castillo de naipes.
Correa, en efecto, hubiese permanecido en el poder por mucho tiempo de no ser por “la traición” de Lenin Moreno, quien fue su vicepresidente, pero se apartó categóricamente del correísmo y llegó a la presidencia en 2017.
Sin pena ni gloria, Lenin dejó el palacio de Gobierno en 2021, y Guillermo Lasso asumió las riendas del país.
Fue con Lasso cuando la criminalidad empezó a dispararse justo después de que el expresidente decidiera, según él mismo afirmó, no negociar con las pandillas. En consecuencia, cortar con el pacto.
“Paradójicamente, Lasso fue el primer presidente de Ecuador de los últimos quince años en no negociar con los criminales, pero aun así había una imagen general de que fue blando en materia de seguridad”, dijo a Voz Media en una llamada el analista Martin Salvador.
Por mucho tiempo, medios locales acusaron a Lasso de haber pactado con las pandillas, sin embargo, los números muestran que su gobierno fue uno de los que más incautó droga en todo el mundo. Bajo su gestión, también, el delito empezó a florecer: las tasas de robos, secuestrados, tiroteos y asesinatos empezaron a subir producto de las disputas entre pandillas aupadas también los efectos colaterales de la pandemia. En definitiva, un claro síntoma de que “la paz” estaba finalmente acabada.
Narcopolítica: lo que enseñó el “caso Metástasis”
En agosto de 2023, el periodista, parlamentario y candidato presidencial Fernando Villavicencio, fue asesinado en un mitin político de Quito, la capital ecuatoriana.
Bajo el lema “Es tiempo de valientes”, Villavicencio había forjado una carrera política denunciando los hechos de corrupción del expresidente Correa y el fortalecimiento del narcoterrorismo en Ecuador. De hecho, uno de sus trabajos de investigación llevó a que Correa fuera enjuiciado y condenado a ocho años de cárcel.
Con su asesinato, quedó claro que Ecuador estaba sumido hasta el fondo en la narcopolítica. Sin embargo, la prueba más dura de este hecho clave radica en el ahora afamado “caso Metástasis”, desvelado por la intrépida y valiente fiscal general Diana Salazar Méndez.
Cuando se unen la corrupción y el narcotráfico, tenemos un verdadero cáncer en la sociedad. Este caso nos recuerda que no podemos darnos por vencidos y que entre todos podemos rescatar al país de las manos de la criminalidad. ¡No permitiremos la impunidad! https://t.co/m0lz7msvg3 https://t.co/MuzHGDfVnI
— Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) December 14, 2023
El pasado mes de diciembre, las autoridades ecuatorianas llevaron adelante decenas de allanamientos en siete de las 24 provincias del país. El resultado fue tremendo: 29 personas arrestadas entre las que se encontraban jueces, fiscales, policías, abogados y sujetos relacionados con el crimen organizado.
Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, un organismo estatal que vigila la función judicial, fue uno de los detenidos producto del operativo. En su residencia, se encontraron US$25,000 en efectivo, en billetes de US$20 y US$100.
En el caso Metástasis, la Fiscalía particularmente investiga la existencia de una supuesta estructura de corrupción al servicio del narco Leandro Norero, quien fue asesinado en octubre de 2022 en la Cárcel de Cotopaxi, un hecho que desembocó en una gran ola de violencia por tres días en el recinto penitenciario que dejó un saldo de 30 muertos y más de 60 heridos.
La investigación, en definitiva, muestra cómo el narcotráfico se infiltró en la Justicia y la seguridad en Ecuador, así lo explicó Salazar Méndez.
“El caso Metástasis es una radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos”, dijo la fiscal.
Durante el caso, se obtuvo el teléfono de Norero, también conocido como “El Patrón”, quien era uno de los principales proveedores financieros de las pandillas Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers, organización armada que creó el propio Norero.
En su celular se descubrieron chats que demuestran como Norero manipulada el sistema a través de sobornos a jueces, policías y abogados que protegían al narcotraficante para que este evadiera, por años, a la Justicia.
“La fiscal Salazar aseguró que la red operó al menos entre mayo y octubre de 2022, y que los funcionarios recibían sobornos de entre 6.000 y 450.000 dólares, además de joyas y bienes inmuebles, a cambio de que el grupo criminal recibiera sobreseimientos judiciales, asesoramientos, beneficios administrativos y recursos jurídicos favorables para Norero, sus hermanos y esposa”, reseñó el diario La Tercera.
Esta protección que recibió Norero se dio en un contexto de agitación política y violencia sin precedentes en el país ecuatoriano.
Ahora, apenas unas semanas después de que se desenterrara el caso Metástasis, Ecuador se encuentra sumido en una guerra entre narcoterroristas fortalecidos y un Estado que necesita recuperar el control de las cárceles y también de sus instituciones plagadas de manzanas podridas.
