La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, emitió -de emergencia- una orden de salud pública que suspende -durante al menos un mes- el derecho a portar armas en público (portación "oculta y abierta") en el condado de Bernalillo y su ciudad más populosa, Albuquerque.
Según Lujan Grisham, la orden fue emitida debido a al aumento de delitos y muertes relacionadas con la violencia armada que se han producido últimamente. En su declaración, la gobernadora citó varios tiroteos recientes que han tenido lugar en Albuquerque:
Como dije ayer, el tiempo de las medidas estándar ya pasó (...) Y cuando los nuevomexicanos tienen miedo de estar entre multitudes, de llevar a sus hijos a la escuela, de salir de un partido de béisbol, cuando su derecho a existir se ve amenazado por la perspectiva de violencia a cada paso, algo anda muy mal.
090823 PHO Guns and Drug Abuse by Verónica Silveri on Scribd
La orden excluye a la Policía y demás fuerzas de seguridad autorizadas para portar armas. Los residentes o visitantes que no cumplan con lo decretado podrían ser sancionados con multas de hasta 5.000 dólares:
El plan de acción incluye una suspensión de las leyes de portación abierta y oculta (...) prohibiendo temporalmente el porte de armas en propiedad pública con ciertas excepciones. Las excepciones incluyen guardias de seguridad con licencia y agentes del orden.
El texto de la orden detalla que su ejecución también está destinada a frenar el uso y consumo de drogas ilegales como el fentanilo.
"La prohibición temporal desafía los fundamentos de nuestra Constitución"
John Allen, sheriff del condado de Bernalillo, expresó su preocupación por los efectos y consecuencias que pueda tener la orden. Además, argumentó que "la prohibición temporal desafía los fundamentos de nuestra Constitución". Sin embargo, aseguró que cooperara para luchar contra la violencia:
Si bien entiendo y aprecio la urgencia, la prohibición temporal desafía los fundamentos de nuestra Constitución, que juré defender (...) Soy cauto a la hora de colocar a mis diputados en posiciones que puedan conducir a conflictos de responsabilidad civil, así como a los riesgos potenciales que plantea prohibir a los ciudadanos respetuosos de la ley su derecho constitucional a la autodefensa.
Greg Baca, senador estatal republicano, mostró su rechazo a la orden emitida por la gobernadora:
Un niño es asesinado, el perpetrador todavía anda suelto, ¿y qué hace la gobernadora? Ella... ataca a ciudadanos respetuosos de la ley con una orden inconstitucional de portación de armas.
