ANÁLISIS
California no encontró ninguna mujer perjudicada por la “reversión” de la píldora abortiva tras seis semanas de juicio
California sometió a un juicio de seis semanas a las clínicas que ofrecen la reversión de la píldora abortiva. Pidió más de $20 millones en multas y no sentó a una sola mujer que dijera haberse sentido engañada o dañada. Según la práctica estatal y lo publicado sobre el caso, el juez tiene unos 90 días para decidir.
Una activista pro-aborto con píldoras abortivas en medio de una protesta-Imagen de Archivo
Tras un juicio de seis semanas y el testimonio de 25 testigos, el Estado de California no logró identificar a ninguna mujer que hubiera resultado dañada por el protocolo conocido como reversión de la píldora abortiva (APR, por sus siglas en inglés), según recogió LifeNews de los representantes legales de las organizaciones demandadas, Heartbeat International y RealOptions Obria Medical Clinics.
El caso, considerado el primero de este tipo que llega a juicio en EEUU, enfrenta a la Fiscalía del estado contra dos redes de ayuda al embarazo que ofrecen información y acceso a este tratamiento.
El fiscal general Rob Bonta no lo niega como dato. Su demanda no exige una víctima, sino probar que Heartbeat International y RealOptions publicitan de forma falsa un tratamiento que, alega, carece de evidencia científica sólida. El juez Patrick McKinney, del Tribunal Superior de Alameda, aún no ha fallado.
En qué consiste el protocolo APR y por qué está en el centro del litigio
La reversión de la píldora abortiva es una aplicación actualizada de un tratamiento empleado desde los años 50 para combatir abortos espontáneos, que consiste en administrar progesterona bioidéntica para contrarrestar los efectos de la mifepristona, el primer fármaco del aborto químico. La mifepristona actúa bloqueando la progesterona, hormona natural necesaria para mantener la gestación.
Heartbeat International, la mayor red de centros de ayuda a la gestación en EEUU y a nivel global, gestiona la Abortion Pill Rescue Network (APRN), formada por cerca de 1.500 profesionales sanitarios, centros de embarazo y hospitales en todo el mundo que aplican el protocolo APR.
Por su parte, RealOptions, una red de clínicas médicas de inspiración cristiana con cinco centros con licencia en el área de San Francisco, es afiliada de Heartbeat y miembro de la APRN. Según datos citados por estas organizaciones, el protocolo ha permitido salvar más de 8.000 vidas hasta la fecha.
La acusación: publicidad engañosa y protección al consumidor
El fiscal general de California, Rob Bonta, acusa a Heartbeat y RealOptions de engañar a las mujeres sobre la reversión de la píldora abortiva, alegando que sus comunicaciones infringen la ley de publicidad falsa del estado.
La demanda busca más de $20 millones en sanciones y pretende prohibir que ambas entidades presenten el APR como seguro y eficaz. Para calcular las posibles multas, la fiscalía considera como infracciones separadas visitas a la web de APR, conversaciones con la línea telefónica de ayuda y el formulario de consentimiento para iniciar el protocolo, bajo dos estatutos distintos.
Los demandados, representados por la Thomas More Society y el bufete LiMandri & Jonna, sostienen que sus mensajes sobre APR son no comerciales, están basados en motivaciones religiosas y de ayuda a la mujer, y por tanto gozan de protección bajo la Primera Enmienda. Argumentan además que el Estado no ha demostrado que ninguna de sus afirmaciones fuera falsa o engañosa.
El juicio: testimonios a favor, sin víctimas ni reclamaciones de consumo
Según han informado los abogados de la defensa, tras seis semanas de vista oral, 25 testigos y casi 200 pruebas documentales, la acusación no identificó a ninguna mujer perjudicada por la APR, ni presentó una reclamación de consumo contra el protocolo, Heartbeat o RealOptions. La demanda de Bonta alega publicidad engañosa. En cambio, tres mujeres que recurrieron a la reversión testificaron a favor del protocolo, y más de 200 firmaron una carta de apoyo, según LifeNews.
Un momento clave, en la versión de la defensa, llegó cuando el experto de la Fiscalía, el doctor Mitchell Creinin, crítico de la APR, no juró que el protocolo "no funcione" ni que "sea inseguro". Creinin y el Estado sostienen, a la vez, que no hay ciencia de alta calidad que demuestre su eficacia. La defensa presentó estudios y datos clínicos a favor de la seguridad y la eficacia; el Estado los considera insuficientes.
Otro episodio, según la defensa, tuvo que ver con el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG): un representante habría admitido que sus directrices sobre la APR no salieron del proceso habitual de guía clínica, sino del departamento de relaciones gubernamentales, relató LifeNews. Eso, para los demandados, las convierte en una opinión no médica; ACOG no ha confirmado públicamente en este texto esa lectura.
Heartbeat no promete que la APR funcione en todos los casos. Cita una tasa de éxito del 64–68 % de un estudio observacional de Delgado (2018), publicado y revisado por pares, que también describe ausencia de aumento de malformaciones y menos partos prematuros que en la población general. El Estado impugna ese estudio y niega que pruebe causa-efecto.
A la espera de la sentencia
Los representantes de Heartbeat y RealOptions se mostraron esperanzados en un fallo favorable. Subrayaron que, a su juicio, la acusación no cumplió su carga de la prueba ni presentó víctimas, y anunciaron que, gane o pierda en primera instancia, seguirán litigando para "vindicar" los derechos de sus organizaciones y, según Breen, para que ese protocolo pueda ofrecerse como una opción médica real tras iniciar un aborto con medicamentos.
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