El Departamento de Justicia demanda a la Universidad Estatal de Pensilvania por ofrecer matrículas reducidas a inmigrantes ilegales
La Administración Trump cuestiona una política que permite a estudiantes indocumentados acceder a tarifas universitarias reservadas a residentes del estado, mientras ciudadanos estadounidenses de otras jurisdicciones no reciben el mismo beneficio.
Imagen referencial del Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia presentó este jueves una demanda contra la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State) por su política de ofrecer matrículas reducidas a estudiantes ilegales que residen en el estado, un beneficio que, según las autoridades federales, discrimina a ciudadanos estadounidenses que no tienen acceso a las mismas tarifas.
En un comunicado, el Departamento de Justicia sostuvo que la política universitaria contraviene la legislación federal, al permitir que inmigrantes en situación irregular paguen las tarifas correspondientes a residentes de Pensilvania, mientras ciudadanos estadounidenses procedentes de otros estados deben afrontar costos superiores.
"El Departamento de Justicia continúa hoy sus esfuerzos para garantizar que ninguna ley estatal o política universitaria otorgue un trato preferencial a los inmigrantes ilegales por encima de los propios ciudadanos de nuestra nación", afirmó el fiscal general adjunto Stanley E. Woodward Jr.
El funcionario añadió que el Congreso estableció hace tiempo que las universidades públicas no pueden conceder matrículas reducidas a inmigrantes ilegales si ese mismo beneficio no está disponible para todos los estadounidenses.
Por su parte, Brett A. Shumate, fiscal general adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia, aseguró que el Congreso tomó una decisión deliberada al impedir que los estados y sus instituciones públicas concedan beneficios de matrícula a inmigrantes ilegales sin extenderlos a todos los ciudadanos estadounidenses.
El Gobierno busca impedir que continúe la política de matrículas reducidas
Mediante la demanda, el Gobierno federal solicita a los tribunales que impidan a Penn State seguir aplicando su política de matrículas reducidas a estudiantes indocumentados residentes en Pensilvania, independientemente de que se encuentren legalmente en Estados Unidos.
Asimismo, el Departamento de Justicia pretende que la universidad no pueda establecer nuevas políticas de matrícula que otorguen un trato preferencial a estudiantes indocumentados frente a ciudadanos estadounidenses.
Una ofensiva judicial que suma 27 demandas
Según el comunicado oficial, bajo la dirección del fiscal general Todd Blanche, el Departamento ha obtenido resoluciones judiciales favorables en seis estados: Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska, Illinois y Kansas.
En estos casos, los tribunales emitieron órdenes permanentes que impiden aplicar disposiciones similares y las declararon inconstitucionales, de acuerdo con el balance ofrecido por las autoridades federales. Entre las decisiones citadas figura una resolución del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito.
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