La Corte Suprema reactiva el sistema de Trump para verificar masivamente a los votantes
El máximo tribunal permitió a los estados utilizar información federal, incluidos números del Seguro Social, para comprobar el estatus de ciudadanía de personas inscritas en los registros electorales, a pocas semanas de las elecciones de medio mandato.
Imagen referencial de las elecciones
La Corte Suprema autorizó este viernes a la Administración de Donald Trump a reactivar una base de datos federal ampliada que permite verificar el estatus de ciudadanía de los votantes registrados, después de que un tribunal inferior había bloqueado su utilización.
Reuters informó que los magistrados aceptaron la solicitud del Departamento de Justicia para suspender la orden de una jueza que impedía a funcionarios estatales utilizar números del Seguro Social y otros datos para contrastar los registros electorales con información federal.
La decisión permite nuevamente el uso ampliado del sistema Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE), administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La Administración Trump sostiene que la herramienta busca combatir el voto de personas que no son ciudadanas estadounidenses, mientras que organizaciones que cuestionaron el sistema advierten que podría afectar a ciudadanos que cumplen los requisitos para votar.
La Corte Suprema, que cuenta con una mayoría conservadora de seis magistrados frente a tres liberales, emitió la orden con la oposición de los tres jueces de tendencia liberal.
La mayoría consideró que los argumentos de los demandantes probablemente no prosperarán porque la legislación federal autoriza expresamente al Departamento de Seguridad Nacional a solicitar y recibir información relacionada con la ciudadanía y el estatus migratorio de otras agencias, incluida la Administración del Seguro Social.
Un sistema ampliado antes de las elecciones de noviembre
El DHS modificó el año pasado la base de datos SAVE para permitir búsquedas de múltiples registros simultáneamente y consultas mediante números del Seguro Social.
Desde entonces, varios estados gobernados por republicanos han utilizado el sistema para comparar sus registros de votantes con la base de datos federal. Algunas personas identificadas como posibles no ciudadanos han sido posteriormente retiradas de los registros electorales.
Las organizaciones que demandaron al Gobierno sostienen que el sistema puede contener información desactualizada y señalar erróneamente como no ciudadanos a inmigrantes que posteriormente obtuvieron la ciudadanía estadounidense y, por tanto, tienen derecho a votar.
La tasa general de errores del sistema no se conoce públicamente. Tanto el DHS como el Departamento de Justicia no proporcionaron esa información cuando fue solicitada.
Organizaciones cuestionan la fiabilidad del sistema
Los grupos de defensa de los derechos electorales que presentaron la demanda argumentaron que la versión modificada de SAVE ya había identificado erróneamente a ciudadanos estadounidenses como no ciudadanos.
En su presentación ante la Corte Suprema, citaron a un funcionario electoral del condado de Travis, Texas, quien afirmó que 25% de las coincidencias con presuntos no ciudadanos correspondían a personas que ya habían demostrado su ciudadanía estadounidense.
También señalaron informaciones según las cuales al menos 81% de las respuestas del sistema en el condado de St. Louis, Missouri, eran erróneas.
La League of Women Voters y el Electronic Privacy Information Center demandaron en septiembre de 2025 para bloquear el sistema modificado. Las organizaciones sostuvieron que los cambios vulneraban leyes federales de privacidad y otras normas estadounidenses.
En junio, la jueza federal Sparkle Sooknanan, de Washington D.C., había bloqueado el sistema al considerar que había sido desarrollado de manera deficiente y que contenía información poco fiable sobre la ciudadanía.
La decisión de la jueza fue mantenida el 4 de septiembre por un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, que rechazó por 2-1 la petición del Gobierno para suspenderla. Posteriormente, el Departamento de Justicia acudió a la Corte Suprema.
El sistema podrá utilizarse en varios estados
La nueva decisión de la Corte Suprema llega mientras los estados se preparan para las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que los republicanos buscan conservar el control del Congreso.
El caso también se produce en medio de un debate más amplio sobre el papel del Gobierno federal en la administración electoral, una competencia que la Constitución estadounidense atribuye principalmente a los estados.
La jueza Ketanji Brown Jackson, acompañada por los otros dos magistrados liberales, expresó su desacuerdo con la decisión.
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