Sheriffs y fiscales estatales enfrentan a la inmigración ilegal: más de 400 autoridades locales colaboran con el ICE

A lo largo y ancho del país, uniformados locales están tomando el control migratorio en sus propias manos. Desde la inauguración de Donald Trump, el ICE firmó más de 400 acuerdos delegando tareas de inmigración a fuerzas de seguridad estatales, municipales o urbanas.

Así lo indican datos federales revisados por VOZ, que cifran en 444 los acuerdos rubricados entre agentes federales y sus pares locales. Pactos que cubren 38 estados, desde Florida hasta Alaska, desde Maine hasta Arizona. 

Algunos de ellos, incluso, en estados santuario. De los 13 así considerados por el think tank Center for Immigration Studies, cuatro: Nueva York, Dakota del Norte, Utah y Massachusetts. (En Colorado también se firmó uno, pero hace cinco años).

Otros seis estados santuario prohíben este tipo de colaboraciones: California, Connecticut, Illinois, Nueva Jersey, Oregón y Washington. En los dos restantes, Rhode Island y Vermont, el ICE dice estar "buscando oportunidades" de colaboración. 

"Vamos a ayudar donde nos lo pidan, pero no vamos a acorralar a la gente que se encuentra en granjas o en plantas de envasado de carne", dijo el sheriff del condado de Crow, Eric Klang, en el estado demócrata de Minnesota. Su oficina firmó un acuerdo el pasado 25 de marzo.

Aquellas palabras fueron recogidas por el portal local Sahan Journal, crítico con la medida. Klang también afirmó allí que de los 50 ayudantes en su plantilla, cuatro recibirán adiestramiento de la agencia federal. Aunque dijo que faltan detalles por definir, aseguró que su equipo sólo aplicará legislación migratoria a quienes cometan delitos graves.

Miles de encuentros producto de la colaboración federal-local

Aunque la Administración Trump parece querer dar un nuevo impulso a estas colaboraciones, la propuesta data de hace décadas. Llamada Programa 287(g), fue añadida a la legislación migratoria federal en 1996.

En 2024, el ICE aseguró que gracias al programa se habían realizado más de 12.600 encuentros con inmigrantes ilegales en casi dos años. Más de 460 de ellos tenían condenas por asalto, más de 560 por delitos vinculados a drogas peligrosas y más de 780 por acoso o abuso sexual.

En su reporte de febrero de este año, el ICE reportó 962 detenciones y 170 deportaciones. Aunque no actualizó la cifra total, en marzo registró nuevos casos: el de un ciudadano mexicano condenado por delitos sexuales, hallado por el Departamento Correccional de Arizona. 

El de un inmigrante de Bulgaria, arrestado por violencia doméstica por la oficina del Sheriff del condado de Frederick. También, en Carolina del Norte, el de uno sin papeles, detenido con metanfetaminas y "parafernalia de drogas".

Tres tipos de colaboraciones

El Programa 287(g) permite a las autoridades locales realizar "tareas específicas de control migratorio", "bajo la dirección y supervisión" del ICE. 

Existen tres tipos de colaboraciones: el Modelo de Suboficial de Servicios, el Modelo de Ejecución Penitenciaria y el Modelo de Grupo Operativo.

El primero se limita a un entrenamiento para que oficiales estatales o de estratos menores puedan ejecutar órdenes civiles de inmigración a individuos en sus prisiones. El segundo permite identificar y procesar a extranjeros expulsables que son detenidos por las fuerzas locales.

El último funciona como un "multiplicador de fuerzas", según la agencia. Este permite a las fuerzas locales del orden ejercer tareas migratorias "limitadas" durante sus "tareas policiales rutinarias". Hasta abril, 178 cuerpos locales solicitaron este modelo.

Este último fue revivido por Donald Trump durante su segundo mandato. Aunque desde el Gobierno resaltan su capacidad para potenciar la prometida ofensiva migratoria, los críticos apuntan a la falta de entrenamiento de los uniformados locales -que podría, dicen, resultar en errores o abusos-, así como en el posible abandono de tareas específicas de las fuerzas locales.

Uno de los más conocidos fue el acuerdo rubricado por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, para formar un Task Force estatal: "Me enorgullece ser el primero [de Texas] en unirse a Trump para restaurar nuestra soberanía nacional, asegurar nuestra frontera y garantizar que los extranjeros criminales enfrenten la justicia que merecen". 

"Como máximo responsable de la aplicación de la ley en Texas, hago un llamamiento a todos los organismos y departamentos para que se unan a mí en la lucha", añadió Paxton, siendo oído por condados como el de Goliad, Bee y Calhoun. Los tres pactaron formar sus propios grupos operativos.

Más podrían seguir sus pasos: el ICE se encuentra tramitando solicitudes de otros 66 organismos distribuidos en 13 estados para alguno de los tres modelos.