Schumer presenta un proyecto de ley para eliminar la inmunidad presidencial

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, presentó un proyecto de ley para acabar con la inmunidad presidencial, una disposición legal que protege de enjuiciamiento los actos oficiales de los presidentes.

En un fallo del mes pasado, en el marco del juicio federal contra Donald Trump por interferencia electoral, la Corte Suprema de Justicia dictó que el expresidente gozaba de inmunidad para los actos que cometió mientras cumplía su función presidencial. Cortes inferiores deberán decidir si es relevante y cómo aplica en los distintos casos judiciales contra del republicano.

La iniciativa de Schumer apunta a tres pájaros de un tiro, la inmunidad presidencial, Donald Trump y la Corte Suprema. Y el senador quiso dejarlo claro:  

"Los Fundadores fueron explícitos: ningún hombre en América será rey. Pero el Tribunal Supremo MAGA echó por tierra siglos de precedentes y ungió a Trump y a los presidentes posteriores como reyes por encima de la ley".

El No Kings Act (el proyecto de ley Sin Reyes) establecería que el Congreso y no la Corte Suprema debe determinar quién está sujeto a las leyes penales federales, según The Hill. El Tribunal Supremo tampoco tendría voz ni voto sobre la constitucionalidad de la norma, ya que los intentos de impugnarla deberían dirigirse al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia o al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

La campaña contra la inmunidad presidencial

La iniciativa es un paso más en la cruzada demócrata contra la inmunidad presidencial. Tan sólo tres días antes del anuncio del No Kings Act de Schumer, Biden anunció tres medidas de reforma judicial: dos modificaciones a la Corte Suprema -la introducción de un límite temporal al mandato de los jueces y un código de conducta vinculante- y una enmienda constitucional para eliminar la inmunidad de la Presidencia. 

Ambos proyectos difícilmente superen el umbral necesario para convertirse en la legislación vigente. Sin embargo, diversos analistas señalan que sí servirán como bandera electoral y para normalizar la idea de reformar al máximo tribunal del país.