El presidente socialista de Colombia convoca a una consulta popular ante la negativa del Congreso de aprobar sus reformas radicales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que convocará a una consulta popular luego de que la Comisión VII del Senado archivara su reforma laboral. Ante la falta de apoyo legislativo, el mandatario socialista busca recurrir directamente a la ciudadanía para intentar sortear las trabas institucionales y avanzar con su agenda.

Petro reaccionó con dureza a la decisión del Senado, acusando a los legisladores de ignorar el mandato que recibió en las elecciones de 2022. “El Gobierno convocará a una consulta popular, que sea el pueblo el que decida”, declaró, argumentando que su intento de “acuerdo nacional” fracasó porque los sectores políticos esperaban que su Administración cediera en sus reformas. Además, calificó la negativa del Congreso como un obstáculo para la democracia y justificó su llamado a la consulta popular como respuesta a lo que considera un “bloqueo institucional”.

Reforma rechazada y acusaciones contra el Congreso

La reforma laboral de Petro, archivada por el Senado, proponía medidas que incrementarían los costos laborales, como el pago obligatorio de horas extras y la ampliación de los contratos a término indefinido. La iniciativa generó preocupación entre sectores empresariales y expertos en economía, quienes advirtieron que estas disposiciones podrían desincentivar la contratación formal y elevar el desempleo.

Un estudio del Banco de la República estimó que la reforma podría eliminar más de 450.000 empleos formales, al imponer sobrecostos a las empresas sin abordar eficazmente la informalidad laboral.

Tras el revés en el Congreso, el presidente arremetió contra los senadores que impulsaron el archivo de la reforma, acusándolos de traicionar a los trabajadores. “Que el pueblo trabajador de Colombia sepa quiénes fueron los que lo han traicionado”, señaló, mencionando específicamente al senador Miguel Ángel Pinto.

Además, Petro recurrió a referencias religiosas para criticar a sus detractores, sugiriendo que quienes se oponen a su reforma defienden la codicia de los sectores más privilegiados. “Enarbolan la cruz de Cristo, pero su corazón está con la codicia”, declaró.

Consulta popular: ¿un intento de evadir los límites institucionales?

Para que la consulta popular pueda llevarse a cabo, se exige la firma de todos los ministros y la aprobación de la Plenaria del Senado, un escenario donde el Gobierno ha encontrado fuerte resistencia. Si supera este obstáculo, la consulta deberá realizarse en un plazo máximo de tres meses tras el visto bueno del Senado.

El mayor desafío radica en la participación: para que el resultado sea válido, al menos una tercera parte del censo electoral, es decir, unos 12 millones de votantes, debe acudir a las urnas, y la mayoría debe respaldar la propuesta presidencial.

El anuncio de Petro marca un nuevo episodio de confrontación con el Congreso. Falta por ver si la consulta popular logrará destrabar su agenda política o si el Legislativo y otras instituciones bloquearán su iniciativa.