Un informe publicado este lunes y basado en una investigación reveló que los gobiernos del Reino Unido y profesionales de la medicina cometieron "un catálogo de fallos" que causaron el contagio de alrededor de 30.000 ciudadanos y la muerte de unos 3.000 de ellos entre las décadas de 1970 y 1980 tras someterse a transfusiones de sangre contaminada. Este hecho provocó que las víctimas se infectasen con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o con el virus de la hepatitis y perdiesen la vida. Medios de comunicación como la BBC definieron este caso como "el mayor desastre de tratamiento en la historia del Servicio Nacional de Salud (NHS)".

"A cualquiera que lea este informe le asombrará que estos hechos hayan podido ocurrir en el Reino Unido. También puede sorprender que las preguntas de por qué se produjeron tantas muertes e infecciones no hayan tenido respuesta hasta ahora", dijo Sir Brian Langstaff, quien preside la investigación desde febrero de 2018. "Todas las pruebas apuntan a la conclusión ineludible de que los niños y los adultos no fueron tratados de forma que se diera prioridad a su seguridad por encima de otras consideraciones".

Para llegar a esta conclusión, Sir Brian Langstaff y el resto de personas -como abogados y funcionarios públicos- involucradas en la investigación -iniciada bajo el mandato de la ex primera ministra Theresa May- examinaron millones de documentos y escucharon los testimonios de decenas de testigos.

Uno de esos testigos fue Jason Evans, quien perdió a su padre en 1993 víctima del VIH y de la hepatitis después de que se le realizara una transfusión de sangre contaminada. "Todo este escándalo ha cubierto toda mi vida. Mi padre sabía que se estaba muriendo y grabó muchos vídeos caseros, que he conservado y reproducido una y otra vez mientras crecía, porque era realmente todo lo que tenía", declaró.

El Gobierno británico responderá

Las evidencias ilustradas por los investigadores en el informe han provocado que el Gobierno británico realice una declaración inmediata. En testimonios recogidos por la radio local LBC, John Glen, portavoz de la Administración de Rishi Sunak, aseguró que "si hay pruebas claras y hay una vía para ello", abordarán el asunto para "hacer justicia" a los afectados. Glen ha servido de enlace entre los investigadores y el Gobierno británico.

Ya a finales de 2022, la Administración de Sunak comenzó a indemnizar con 100.000 libras esterlinas (unos 127.000 dólares) a cada uno de los sobrevivientes y algunas de las parejas de las víctimas.

El caso de la sangre infectada en el Reino Unido

Este escándalo se remonta a mediados de la década de 1970, cuando el Reino Unido comenzó a tener problemas para satisfacer la demanda de tratamientos para personas cuya sangre no se coagula adecuadamente (como la hemofilia), por lo que decidió importar suministros desde los Estados Unidos.

En aquella época se había desarrollado un nuevo tipo de factor VIII, gracias a la combinación del plasma de decenas de miles de donantes. Precisamente aquí es donde comenzó el problema. Resulta que buena parte de los donantes era de alto riesgo, como reclusos y consumidores de drogas y otras sustancias, lo que aumentó las posibilidades de contaminar todo. Con que una de las personas que donó su sangre estuviera contaminada con alguna enfermedad, todo el lote lo estaría.

La mezcla produjo lotes enteros de productos para reemplazar el Factor VIII y IX contaminados con virus mortales, como la Hepatitis C y el VIH.

Como resultado, si bien el número total de infectados no se sabe a ciencia cierta, debido en parte a que los síntomas de estas enfermedades pueden tardar años en aparecer, se estima que alrededor de 30.000 personas fueron alcanzadas por estos lotes contaminados. De ellas, unas 3.000 personas ya habrían perdido la vida como consecuencia.