Recientemente, la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, anunció la creación de una nueva oficina dentro de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI): el Centro de Influencia Maligna Extranjera (FMIC). Este abarcaría "las amenazas electorales, esencialmente examinando la influencia extranjera y la interferencia en las elecciones, pero también se ocupa de la desinformación en términos más generales." La legislación por la que se crea el centro fue aprobada por el Congreso y promulgada en 2022.
Aunque se ocuparía, nominalmente, de la desinformación dirigida a las elecciones estadounidenses y a la opinión pública dentro de Estados Unidos, hay al menos dos cuestiones que deben plantearse: ¿es esta oficina esencial o duplica otros esfuerzos en curso?, ¿es su función siquiera apropiada para el gobierno federal?
En los últimos años, a medida que la proliferación y lucha contra la desinformación se han ido convirtiendo en elementos básicos del discurso político y de las políticas públicas, surgió una 'industria' en torno a estos temas dentro del gobierno federal. El apoyo del Congreso significa que la carrera por el dinero está en marcha, con las agencias federales compitiendo por conseguir fondos para el nuevo tema de moda con el fin de hacer crecer su burocracia, influencia y poder.
Abundan las agencias involucradas con la desinformación. El Departamento de Estado cuenta con el Global Engagement Center (GEC), que combate la desinformación extranjera mediante la promoción de los mensajes e intereses de Estados Unidos. El GEC realiza sus propias evaluaciones de las operaciones en el extranjero y comparte sus análisis con socios de todo el gobierno, creando así un centro de distribución de desinformación estadounidense.
El FBI, en 2017, creó su propio Grupo Especial de Influencia Extranjera. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede ser el más activo de todos los organismos gubernamentales que se subieron a este carro. El DHS tiene, o tenía, un Grupo de Trabajo para Contrarrestar la Influencia Extranjera, una Subdivisión de Influencia e Interferencia Extranjera, un Subcomité para Contrarrestar la Influencia Extranjera, y un muy criticado, ridiculizado y ahora disuelto Consejo de Gobernanza de la Desinformación.
Para no quedarse al margen, el Pentágono también creó una Oficina de Gestión de la Influencia y la Percepción encargada de coordinar las múltiples iniciativas de lucha contra la desinformación llevadas a cabo por los militares.
En resumidas cuentas, ya existen múltiples grupos y organismos centrados en la desinformación, pero ¿alguien pensó cómo estos organismos se coordinan para mejorar su misión, o se duplican y solapan? ¿Son eficaces y eficientes o un despilfarro del dinero de los contribuyentes? ¿Es la amenaza de un nuevo Ministerio de la Verdad orwelliano tan grande como tóxica? Hay muchas preguntas que deben responderse: sobre todo, ¿es apropiada esta función para el gobierno federal?
El centro de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional tiene como lema "Exponer el engaño en defensa de la libertad". Es un objetivo noble. ¿Cómo ha desempeñado el gobierno federal este papel a medida que ha ido ampliando su aparato de desinformación?
La Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, que abarca dieciocho agencias diferentes de todo el gobierno federal, cuenta con algunas de las capacidades de desinformación más eficaces de cualquier organización del planeta. Piense en la CIA, el Departamento de Estado y el Pentágono. Históricamente, la CIA ha participado en el debilitamiento de gobiernos extranjeros. El Departamento de Estado, a través de su Global Engagement Center, tiene como parte de su misión combatir la propaganda extranjera promoviendo una agenda estadounidense. El Pentágono gasta ingentes cantidades de recursos en tratar de engañar a quienes podrían intentar averiguar sus planes, intenciones y capacidades. El gobierno estadounidense es extremadamente capaz de generar su propia desinformación.
Lamentablemente, los estadounidenses han visto esta capacidad de primera mano. Algunos líderes de los servicios de inteligencia estadounidenses han utilizado su estatus para sembrar agresivamente desinformación con el fin de socavar presidentes e influir en las elecciones. Algunos de estos individuos siguen en la nómina del gobierno, mientras que otros aprovecharon sus títulos y experiencia previa para engañar deliberadamente a quienes se supone que servían, pero a quienes, en cambio, traicionan repetidamente: sus propios ciudadanos.
Considere al director de Inteligencia Nacional James Clapper y al Director del FBI James Comey, que utilizaron sus posiciones para socavar el presidente electo Donald Trump en enero de 2017 por filtrar y difundir a los medios de comunicación información basada en una información engañosa que proporcionaron a Trump para empezar a inculparle de supuesta connivencia con Rusia en el desbarajuste, investigación de dos años conocida dentro del FBI como Crossfire Hurricane y fuera de él como "el engaño de Rusia".
Como dice el Informe Durham:
"[E]n el momento de la apertura de Crossfire Hurricane, el FBI no tenía información en su poder que indicara que en algún momento de la campaña alguien del equipo de Trump hubiera estado en contacto con algún funcionario de inteligencia ruso".
El informe continúa afirmando que durante la falsa investigación de Trump, el FBI y el DOJ no habían practicado una "estricta fidelidad a la ley". El tribunal FISA reprendió al FBI por las fabricaciones que hizo en la investigación sobre Rusia. El "engaño de Rusia" - como sus autores sabían desde el principio- había sido organizado y financiado por la oponente de Trump en las elecciones presidenciales , Hillary Clinton -con la intención evidente de desviar la atención de la destrucción de material clasificado (aquí y aquí)- así como el Comité Nacional Demócrata; también fue seguido fraudulentamente por el FBI, y blanqueado por el bufete de abogados Perkins Coie.
En el caso del infame portátil de Hunter Biden, que destapó por primera vez el tráfico masivo de influencias, cincuenta y un ex funcionarios de inteligencia firmaron una carta en la que sugerían falsamente que la historia del computador "tenía todas las características clásicas de una operación de información rusa". El ex Director en funciones de la CIA, Michael Morrell, declaró ante el Congreso que Antony Blinken, actual Secretario de Estado, desempeñó un papel clave en la elaboración de la carta y en la obtención de los firmantes. Los informes también incluyen la acusación de que un empleado actual de la CIA colaboró en la promoción de la carta.
El ODNI se reunió con empresas dueñas de redes sociales antes de las elecciones de 2020 para informarles sobre la posible desinformación por parte de Rusia y otras naciones. El ODNI, sin embargo, es un recopilador de inteligencia extranjera, no un árbitro de la verdad en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
Abundan las denuncias recientes sobre actividades potencialmente malignas de nuestro gobierno. El FBI recopiló incidentalmente datos sin orden judicial sobre ciudadanos estadounidenses 3,4 millones de veces en 2021. El 30% de las veces que lo hizo, el FBI actuó por error, es decir, aproximadamente un millón de veces. Recuerde, todo esto es trabajo realizado por empleados del gobierno que tienen la tarea de mantener nuestro país seguro, sin embargo, estos son los "errores" que seguimos viendo.
Las pruebas parecen abrumadoras. La expansión del gobierno federal en asuntos de desinformación fue precipitada y descoordinada. Parece aún más evidente que el Congreso no ha delineado los parámetros dentro de los cuales deben operar las fuerzas de seguridad y la comunidad de Inteligencia. Y cuando sí los ha establecido, ambas han estado más que dispuestas a sobrepasarlos y a ampliar sus propias competencias legales.
Es hora de que los responsables rindan cuentas. Ha llegado el momento de racionalizar el proceso y eliminar la duplicación, la redundancia y el despilfarro en que se ha convertido la burocracia federal de la desinformación. Y, aún más importante dado el reiterado desprecio por la ley demostrado por el gobierno federal, es hora de plantearse si debería siquiera participar en este esfuerzo. No debería. El Gobierno estadounidense, basándose en la Primera Enmienda, no debería estar ni cerca de regular la expresión protegida. El Gobierno no debería decidir qué discursos deben regularse y cuáles no.
