Un juez federal decidió anular una regla que permite a las autoridades de inmigración negarle el asilo a los migrantes que llegan a la frontera sin haber presentado una solicitud en línea o buscar protección en algún otro país en su ruta hacia Estados Unidos.
“La regla, que ha estado vigente durante dos meses, no puede permanecer vigente”, expresó el juez Jon S. Tigar, alegando que la nueva política viola la ley federal de inmigración que establece que cualquier persona puede solicitar asilo dentro del territorio sin importar cómo llegó.
La regla que busca penalizar a aquellas personas que cruzan la frontera de forma ilegal y recompensa a aquellos que programaron citas para buscar asilo, fue establecida por la Administración Biden cuando expiró el Título 42, una política que permitía que se rechazaran a los migrantes que llegaban a la frontera en un intento por reducir la inmigración ilegal y prevenir la propagación del coronavirus.
Ahora, la frontera podría quedar aún más expuesta. Sin embargo, el juez federal en California accedió a retrasar la entrada en vigor de su orden para dar tiempo a que el gobierno pueda apelar.
Breaking news: A federal judge in California on Tuesday struck down the Biden administration’s temporary restrictions on migrants seeking asylum, ruling that the government’s plan to reduce illegal crossings on the southern border violated federal law. https://t.co/ua613QOzAF
— The Washington Post (@washingtonpost) July 25, 2023
La semana pasada el Departamento de Justicia aseguró durante una audiencia en la corte que apelaría si el juez fallaba en contra de la regla, pero los funcionarios solo tendrán 14 días para evitar que la orden siga adelante.
Esta no es la primera vez que Tigar se pone del lado de los grupos de defensa. En 2018 también impidió temporalmente que el gobierno de Trump le negara asilo a las personas que cruzaban la frontera de forma ilegal y la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos y la Corte Suprema se negaron a suspender esa decisión.
“Estamos viendo que el sistema judicial se convierte esencialmente en una vía legal para que las personas entren a Estados Unidos y trabajen mientras están aquí”, opinó Blas Núñez-Neto, el principal funcionario de política fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional.
