"Otro frente de batalla". Así considera el Departamento de Justicia (DOJ) a las cirugías de transición en menores de edad, según reconoció una de sus funcionarias en un seminario la semana pasada.
"Desgraciadamente, estamos viendo cómo en todo el país se están aprobando leyes que restringen o prohíben el acceso a tratamientos de afirmación de género", dijo la Fiscal General Adjunta de Derechos Civiles Kristen Clarke, en declaraciones filtradas por la asociación Higher Ground al Daily Caller.
Luego, Clarke reconoció que el DOJ está dedicando recursos para combatir aquella 'guerra': "Estamos encontrando que múltiples estados criminalizan el acceso a los tratamientos de afirmación de género, y nos estamos involucrando en algunos de esos casos en Alabama y Arkansas".
En el Departamento de Justicia estamos muy ocupados en los tribunales y utilizamos los litigios para defender a los niños, a sus padres, a sus profesores y a sus médicos, que sufren discriminación y acoso.
El campo de batalla
En abril de 2021, Arkansas se convirtió en el primer estado en impedir los tratamientos médicos de cambio de sexo para menores de edad. A esta medida le han seguido una veintena de legislaciones similares a lo largo de todo el país.
El entonces gobernador arkansino, Asa Hutchinson, vetó la ley. La historia no acabó allí: la norma fue reinstaurada por los legisladores, bloqueada temporalmente por la justicia y, luego, permanentemente por el magistrado federal Jay Moody, que la decretó inconstitucional.
La actual gobernadora, Sarah Huckabee, promulgó otra ley que persigue el mismo objetivo. Esta vez, los proveedores médicos podrían ser sancionados con hasta 15 años de prisión si realizan este tipo de procedimientos a menores de 18.
Arkansas es ejemplar no sólo por ser la primera ley semejante, sino por los vaivenes judiciales que están definiendo el futuro de los tratamientos médicos trans para menores.
En al menos seis estados, los magistrados estatales han bloqueado temporal o totalmente legislaciones similares, como en Indiana, Kentucky y Tennessee. En varios de estos casos, los promotores de las leyes o fiscales republicanos han prometido llevar los casos a la Corte Suprema si es necesario.
Aunque en sus recientes declaraciones la Fiscal General Adjunta no detalló el papel del DOJ en promover la ofensiva judicial en Arkansas y Alabama, sus palabras sí ayudan a entender la incierta situación de estas leyes en los juzgados y la instrumentalización de la justicia.
La Administración, en defensa del lobby LGBT
Los tratamientos de transición no son el único frente judicial abierto por el DOJ en el 'combate' por la ideología de género.
Clarke explicó también que habían "trabajado" en Indiana para defender las normas internas de una escuela que obligaban al personal a referirse a los menores por sus 'pronombres preferidos'.
Recordó también que el departamento federal presentó una declaración de interés pronunciándose a favor de un menor trans que había demandado al Consejo de Educación de Virginia Occidental para que le permitieran competir en el equipo femenino de campo a través.
Actualmente estaría, asimismo, actuando a favor de un maestro que perdió trabajo por su activismo LGBT.
El FBI y el Departamento de Educación (ED) también forman parte de esta ofensiva. Clarke resaltó la importancia del servicio de seguridad e inteligencia para detectar lo que califica de "crímenes de odio", luego de reconocer que era "el lado más oscuro de la conversación".
Otra oradora del seminario, Catherine Lhamon, secretaria adjunta de Derechos Civiles del ED, añadió que gracias a su intervención una escuela cambió sus normas de vestimenta para permitir que un alumno de cinco años pueda asistir al aula con un pendiente.
