(AFP / Voz Media) Ecuador declaró este miércoles el estado de excepción en siete provincias del país. En concreto, anunció la presidencia mediante un comunicado, las provincias costeras de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí y Los Ríos así como las zonas amazónicas de Sucumbíos y Orellana y la población de Camilo Ponce Enríquez (situado en la andina Azuay) mantendrán esta situación de emergencia, que permite el despliegue de militares en las calles, durante los próximos 60 días debido al aumento de la violencia en las últimas semanas.
A la ciudadanía: #Fase2#ElNuevoEcuadorResuelve pic.twitter.com/uk8zuNiv6Y
— Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) May 22, 2024
Un incremento que se ha podido observar debido a las diversas matanzas que tienen lugar en el país desde que el gobierno, encabezado por Daniel Noboa, inició una lucha contra las bandas del narcotráfico el pasado mes de enero.
Ecuador inicia una segunda fase contra el narcotráfico
Pero la situación no ha mejorado y por ese motivo, aseguró el presidente mediante un vídeo, se ha visto obligado a decretar este estado de excepción mientras su gobierno inicia la segunda fase de su lucha contra el narcotráfico.
El presidente @DanielNoboaOk declaró Estado de Excepción en las provincias de Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Manabí, El Oro, Sucumbíos y Orellana. El compromiso del Gobierno Nacional es firme, luchar sin tregua contra el crimen y garantizar la tranquilidad de todos los ciudadanos… pic.twitter.com/gFDpfGiKQZ
— Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) May 23, 2024
Este estado permitió a Noboa, que ostenta el cargo de presidente de Ecuador desde noviembre de 2023, suspender los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, según informó AFP.
Este nuevo estado de excepción tiene lugar meses después de que, en enero, la fuga del líder criminal Adolfo Fito Macías de una cárcel desatase la violencia. Una situación que provocó diversos amotinamientos en prisiones, ataques contra la prensa, explosiones de autos bomba y la retención temporal de unos 200 funcionarios de prisiones y policías, además de una veintena de muertos.
Ante esto, Noboa decretó un estado de excepción que duró los 90 días que permite la ley. Junto con esto, declaró el país en conflicto armado interno. Este estado puede permanecer, según la Corte de la Constitución, durante un tiempo indefinido y permitió que Noboa pudiese ordenar a los militares neutralizar una veintena de bandas criminales con nexos con la mafia albanesa y los carteles de México y Colombia, a los que calificó como "terroristas" y "beligerantes".
