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Socialismo en California: Newsom aprueba la ley de control estatal sobre el sector de comida rápida

El Gobernador de California dio luz verde a la ley 257, que implanta el intervencionismo económico mediante la imposición de salarios y la tutela pública de los trabajadores.

El gobernador de California Gavin Newsom firmó el lunes la legislación para intervenir y regular la industria de la comida rápida. Una medida que, según sus partidarios, dará voz a los trabajadores de la industria y que en la práctica supone una medida de control sobre el libre mercado.

La firma de Newsom en el proyecto de ley 257 de la Asamblea permite la creación del 'Consejo de la Comida Rápida', compuesto por 10 miembros nombrados por funcionarios estatales con delegados de los trabajadores, representantes de los empleadores y dos funcionarios estatales que establecerán las normas de salarios mínimos, horas y condiciones de trabajo en el sector.

Empresas como McDonalds solicitaron a sus franquiciados que enviasen cartas a los legisladores para votar en contra de la ley. De lo contrario, la compañía podría dejar de expandirse en California e incluso abandonar por completo el estado. Pese a todo, Newsom dio el visto bueno al control  estatal sobre las empresas de comida rápida.

"California se ha comprometido a garantizar que los hombres y mujeres que han ayudado a construir nuestra economía sean capaces de compartir la prosperidad del estado", dijo el gobernador Newsom. "La acción de hoy da a los trabajadores de la comida rápida una voz más fuerte y un asiento en la mesa para establecer salarios justos y normas de salud y seguridad críticas en toda la industria", añadió en un comunicado.

En qué consiste la 'Fast Act'

La Fast Act, Ley de Recuperación o Ley 257 crea el 'Consejo de Comida Rápida' y permite que las ciudades y los condados de California con una población de 200.000 habitantes o más creen sus propios consejos locales para hacer recomendaciones al consejo estatal.

El proyecto original de la ley, aprobado en enero, obligaba a las grandes cadenas a ser empleadores conjuntos junto a sus franquiciados, lo que podría exponerlos a responsabilidad por violaciones laborales de estos últimos. Sin embargo, la presión de estas grandes compañías se tradujo en enmiendas que modificaron el contenido final de la ley.

Quienes se oponen al proyecto de ley advierten de que la normativa hará que los precios de los productos suban en un contexto de inflación disparada y alertan de un control sobre los negocios privados típico del socialismo. El senador Brian Dahle, candidato a gobernador de California, alertó de esta subida de precios y del paso que la normativa da para sindicalizar a los trabajadores del sector de la comida rápida.

Según el Centro de Previsión y Desarrollo Económico de la Universidad de California, los consumidores californianos pueden esperar pagar un 20% más en los restaurantes locales en caso de que la legislación salga adelante. Incluso el Departamento de Finanzas de California se opuso al proyecto de ley afirmando que crearía un "entorno normativo y legal fragmentado para los empresarios y aumentaría los costes a largo plazo".

Por el contrario, varios representantes demócratas mostraron su satisfacción con esta ley y esperan que se extienda por todo el país.