Continúa la disputa entre Ron DeSantis y Walt Disney Company. Hace un mes, el gobernador de Florida presentó una moción ante un tribunal federal con la intención de desestimar la querella que la empresa del ratón había presentado en su contra en abril de este año tras arrebatarle el distrito de Reedy Creek.
En la moción, los abogados del aspirante republicano a convertirse en presidente en 2024 alegaban que tanto él como el secretario del Departamento de Oportunidades Económicas de Florida son "inmunes a juicio" y que, por lo tanto, "Disney no tiene derecho a demandarlos" ya que el tribunal federal carece de jurisdicción para hacerlo:
Aunque Disney acaparó los titulares al demandar al gobernador, Disney, como muchos litigantes anteriores que han desafiado las leyes de Florida, no tiene ninguna base para hacerlo. Ni el gobernador ni el secretario [del Departamento de Oportunidades Económicas de Florida] hacen cumplir ninguna de las leyes en cuestión, por lo que Disney carece de legitimación para demandarlos.
Además, los abogados de DeSantis aseguraron que la demanda de Disney no tenía ninguna razón de peso para seguir adelante. La más importante, explicaron, era que "un distrito especial no puede obligar al estado a transferir una parte de su autoridad soberana a una entidad privada".
Disney, interesado en continuar con la batalla judicial
Sin embargo, Disney no está dispuesto a tirar la toalla. En una respuesta a la moción obtenida por Deadline, Bob Iger aseguró que no tenía intención alguna de retirar la demanda contra DeSantis.
Según explicó el CEO de la empresa del ratón en el documento de 28 páginas, la moción únicamente se trataba de un nuevo intento de DeSantis de "evadir la responsabilidad de sus acciones" y no estaba dispuesto a permitirlo:
Este caso presenta la pregunta fundamental de si el gobernador y el estado pueden escapar de la responsabilidad por su abierto desafío a las libertades más preciadas de nuestra nación. El gobernador busca evadir la responsabilidad de sus acciones en un terreno más estrecho, afirmando que un gobernador no puede ser considerado oficialmente responsable de implementar, administrar y hacer cumplir las leyes estatales que castigan a los residentes por declaraciones políticas que violan un código de expresión prescrito por estado. La moción busca la desestimación por motivos de legitimación del Artículo III, inmunidad soberana e inmunidad legislativa, pero esos principios no se aplican aquí.
