Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses consideran que los casos contra Donald Trump tienen motivaciones políticas. De hecho, cada que surgía una nueva investigación en su contra, aumentaba el apoyo al expresidente en las encuestas. Tras el caso presentado por la fiscal demócrata de Nueva York, Letitia James, parece que la estrategia de algunos izquierdistas es que Trump caiga en bancarrota.
Tal vez, al darse cuenta que el intento por dañar la reputación del expresidente solo aumentaba su popularidad, y enfrentar la realidad de que probar todas las acusaciones que le han hecho en los múltiples casos es muy difícil y toma largo tiempo e incluso peleas que involucrarían a la Corte Suprema, la estrategia de varias vías para impedirle llegar a la presidencia ahora incluye quebrarlo financieramente.
Este caso en particular es escandaloso. No hay víctimas. A Trump se le acusó de inflar el valor de sus activos inmobiliarios para conseguir mejores condiciones de préstamos. El juez Arthur Engoron lo declaró culpable en un juicio sin jurado y traído a la mesa por una fiscal demócrata que hizo campaña prometiendo demandar a Trump. Los bancos involucrados dijeron que estaban contentos con los negocios hechos y que el expresidente era un buen cliente. Trump pagó todo el dinero que les debía y nadie resultó perjudicado.
Pero no contentos con desarrollar un caso tan evidentemente politizado, el juez decidió que Trump debía pagar 454 millones de dólares, una cifra sin precedentes. Además, si Trump deseaba apelar, debía pagar la totalidad de la cifra. ¿Quién tiene esa cantidad de dinero? De hecho, el equipo legal del expresidente dijo que consultó a más de 30 empresas que podían darle el dinero y no obtuvo respuesta positiva. Ninguna empresa ha lidiado antes con una solicitud de bonos tan gigantesca y eso debería dejar claro a todo el mundo el nivel ensañamiento con el que están atacando a Trump.
Trump pidió a un tribunal de apelaciones que le retire el requisito de pagar una fianza de tal magnitud para poder apelar, su equipo argumentó que es un abuso de poder y que lo están arrinconando para que venda sus propiedades en una liquidación, a precios por debajo del mercado para intentar conseguir el dinero a tiempo, lo que le ocasionaría un daño irreparable. Este lunes el tribunal de apelaciones de Nueva York le rebajó la fianza a 175 millones de dólares. La decisión ocurre justo el día en el que se acababa el plazo dado por el juez Engoron para que Trump pagara los $ 454 millones antes de que la fiscal intentara confiscar las propiedades del expresidente.
Esta decisión de reducir la gigantesca fianza llega después de una difícil semana en la que el equipo del expresidente incluso lanzó una campaña para pedir donaciones a quienes lo apoyan y con eso ayudar a recaudar el dinero. En los mensajes enviados por el equipo del republicano se leen frases como: "¡Manos fuera de la Torre Trump!". “Mantén tus sucias manos alejadas de la Torre Trump” y “¡La Torre Trump es mía!”. Todo esto porque la fiscal Letitia James aseguró que si Trump no pagaba la desorbitada cifra iba a empezar a confiscar sus propiedades. De hecho, James registró la sentencia en el condado de Westchester -donde está ubicada la propiedad de Trump de Seven Springs-, y ese es el paso procesal anterior a la incautación de activos.
Aunque la decisión del tribunal de apelaciones es un gran triunfo para Trump, que demuestra que la fianza impuesta por el juez Engoron era un completo abuso, a Trump todavía le queda un largo camino. Esta decisión no lo exime de pagar los $ 454 millones si finalmente pierde el caso, y todavía tiene por delante todo el proceso de apelación.
Hay que resaltar que el asunto es preocupante no solo por lo relacionado a Trump y la amenaza de que se ponga en peligro el derecho de los americanos a elegir como presidente a quien quieran, sino también por lo que significa en materia legal y de respeto a la propiedad privada y los negocios.
Este caso sienta un precedente terrible para la inversión en Nueva York. Se trata de una fiscal enjuiciando a un empresario, en un caso sin una sola víctima, por hacer algo que los grandes empresarios comúnmente hacen de manera consciente o inconsciente -inflar en alguna medida el valor de sus activos-, precisamente por eso las evaluaciones de empresas siempre tienen una cláusula de "diligencia debida" que dice a los prestamistas que tomen sus determinaciones sin depender únicamente de lo declarado por el prestatario. Después de esto, para muchos empresarios, Nueva York se ha convertido en un lugar con pocas garantías legales para hacer negocios.
Aunque la fianza ha sido reducida en una gran cantidad, sigue siendo una suma gigante y que escandaliza, sobre todo al tratarse de un caso que para muchos juristas no tiene fundamento alguno. Trump ha dicho que ya tiene el dinero para pagar la nueva cifra impuesta por el tribunal de apelaciones, pero lo que ha quedado claro hasta ahora, con la actuación del juez y de la fiscal, es que quieren afectar a Trump financieramente hasta el punto de llevarlo a la bancarrota.
Por el bien del país y de la democracia, queda esperar que Trump logre el debido proceso en todos los casos que tiene abiertos, que se le permita el derecho a apelar, y que los jueces y fiscales dejen de utilizar la Justicia para perseguir por motivos políticos al candidato republicano.
