La primera enmienda reconoce el derecho a la libertad de expresión, y prohíbe a los poderes públicos la censura. Pero esa prohibición no afecta al ámbito privado. De modo que el gobierno federal ha recurrido a la privatización de la censura, un mecanismo que permite a asociaciones privadas censurar los contenidos que el gobierno no puede acallar.
Una de esas asociaciones es el consorcio Election Integrity Partnership (EIP). Está formado por el Stanford Internet Observatory (SIO), el Center for an Informed Public de la Universidad de Washington, el Digital Forensic Research del Atlantic Council, y la empresa de análisis de redes sociales Graphika.
Asociaciones pro demócratas
Según Just the News, su labor es la de identificar contenidos que puedan denunciar a instituciones como la Cibersecurity Infrastructure Security Agency o el Global Engagement Center, para que les coloque etiquetas que puedan utilizar las Big Tech, que son las encargadas de la censura. Es una maquinaria que comienza con el EIP identificando los contenidos y denunciándolos a la Administración, y son las redes sociales las que ejecutan la censura.
Otra forma de privatizar la censura consiste en que el gobierno federal le cede a diversas organizaciones vinculadas al Partido Demócrata la facultad de etiquetar contenidos. Las etiquetas habilitan a las redes sociales para ejecutar la censura. Entre las organizaciones pro demócratas facultadas para etiquetar contenidos están la NACCP, Common Cause o el Comité Nacional Demócrata, informa Just the News.
Objetivo: 2022 y 2024
Mike Benz, de la Foundation for Freedon Online, ha estado estudiando esta trama de censura, y en declaraciones a Just the News considera que
Si se rastrea la cronología, se encuentra que en realidad hubo 18 meses de trabajo institucional para crear este mismo aparato que ahora sabemos que jugó un papel importante en la censura de millones de mensajes para las elecciones de 2020 y que tiene miras ambiciosas para 2022 y 2024.
En su página web ya advierten sobre el trabajo que van a realizar en las elecciones de 2022. Según informa Breitbart:
Entre los medios de comunicación a los que se dirigió el EIP se encontraban Breitbart News, Fox News, el New York Post y el Epoch Times, así como las cuentas de las redes sociales de los destacados conservadores Charlie Kirk, Tom Fitton, Jack Posobiec, Mark Levin, James O'Keefe y Sean Hannity, entre otros.
Demanda ante los tribunales
Otro de los conservadores que han sido censurados es Charlie Kirk, de Turning Point USA. Kirk dice que sabía que había sido censurado en 2020, pero no sabía que el gobierno federal había pagado a una asociación privada para que llevara a cabo la censura. Y se plantea demandar al EIP, informa JtN:
Vimos que nuestros ingresos disminuyeron en correlación con eso. Se trata de una pérdida monetaria y financiera directa con los que podría demostrarse daños y perjuicios, gracias a que el gobierno federal está entrando y pagando dinero a una tercera empresa para restringir los derechos reconocidos por la Primera Enmienda. Así que estamos estudiando muy detenidamente la posibilidad de emprender acciones legales. Creo que tenemos un gran caso.
Otra personalidad que ha sido censurada y que es la congresista Marjorie Taylor Greene, y también se plantea demandar:
Yo era un ciudadano privado. Y se me deben daños y perjuicios. No tienen derecho a hacerme esto. Sólo tengo que averiguar a cuántas personas tengo que nombrar en las demandas y a las empresas de medios sociales. Ya estoy harta.
