La Administración Biden recurrió ante los tribunales la ley SB4 de Texas, que permite a las autoridades de este Estado detener y expulsar inmigrantes, por "inconstitucional". El escrito subraya que, de acuerdo con la Carta Magna, asigna en exclusiva al Gobierno Federal "la autoridad para regular la inmigración y gestionar nuestras fronteras internacionales", algo que viola la norma estatal. Además, recuerda que el Congreso aprobó una ley federal, que está por encima de las normas locales, que "regula la entrada de extranjeros en Estados Unidos y su expulsión del país".
Denuncia EEUUvsTexas inmigración by Israel Duro on Scribd
El Supremo ya falló a favor de la Administración Federal
La denuncia expone que la SB4 "crearía dos nuevos delitos estatales que intentan regular la inmigración, con cargos que van desde un delito menor a un delito grave. Además, la SB 4 otorgaría a los jueces estatales la capacidad de ordenar la expulsión de Estados Unidos". El DOJ apunta a que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ya dio la razón a la Administración federal en este tipo de conflictos con estados fronterizos.
En concreto, en el escrito se recoge la sentencia del caso Arizona contra Estados Unidos, que confirmó que "las decisiones relativas a la expulsión de no ciudadanos de Estados Unidos afectan a las relaciones exteriores y deben tomarse con una sola voz". Según el DOJ, "El SB 4 impide la capacidad del gobierno federal para hacer cumplir las disposiciones de entrada y expulsión de la legislación federal e interfiere en su gestión de las relaciones exteriores".
"La SB4 es claramente inconstitucional"
Según la fiscal general adjunta, Vanita Gupta, "la ley SB 4 es claramente inconstitucional. Bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución y el precedente de larga data de la Corte Suprema, los estados no pueden adoptar leyes de inmigración que interfieran con el marco promulgado por el Congreso. El Departamento de Justicia seguirá cumpliendo con su responsabilidad de defender la Constitución y hacer cumplir la ley federal."
La demanda fue presentanda por el Departamento de Justicia en nombre de los Estados Unidos, pero también participan como acusadores el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado.
