El Departamento de Justicia (DOJ) destinó 300 millones de dólares a jurisdicciones santuario en 2021. El Center for Immigration Studies dio esta cifra después de analizar tres programas de financiación mediante los cuales la agencia federal habría beneficiado mayoritariamente a autoridades locales que limitan su colaboración con las agencias federales.
De esta manera, el DOJ habría usado "algunas de las mayores fuentes de financiación federal para los cuerpos de seguridad estatales y locales" en beneficio de "agencias que puedan estar infringiendo la legislación federal y atentando contra la seguridad pública".
Un total de 11 agencias estatales santuario y 86 localidades regidas por políticas santuario recibieron el 43% de la financiación de tres programas federales. De estos, Chicago, San Francisco y Washington serían los tres más favorecidos.
Programas santuarios
Un 68% de la "principal fuente de financiación de la justicia federal para jurisdicciones estatales y locales", en palabras del DOJ, fue a bolsillos de estados y localidades santuario.
El programa, llamado Subvención Edward M. Byrne de Asistencia a la Justicia (Byrne JAG), sirve para financiar un amplio paraguas de actividades locales:
La aplicación de la ley, la acusación de criminales, la defensa de indigentes, los tribunales, la prevención y educación sobre la delincuencia, los correccionales y correccionales comunitarios, el tratamiento y la aplicación de la ley en materia de drogas, la planificación, la evaluación, la mejora de la tecnología...
El segundo programa analizado por el Center for Immigration Studies está destinado a prisiones y cárceles locales. Su objetivo es reembolsar el costo de encarcelar a extranjeros ilegales. Un 58% del Programa Estatal de Asistencia a Extranjeros Delincuentes (SCAAP) fue asignado a territorios santuario.
"La Oficina COPS (Servicios policiales orientados a la comunidad) concede subvenciones para contratar a profesionales de la policía de proximidad, desarrollar y probar estrategias policiales innovadoras y proporcionar formación y asistencia técnica a los miembros de la comunidad, a los dirigentes de las administraciones locales y a todos los niveles de las fuerzas del orden", define en su página web el DOJ al último programa bajo la lupa.
De acuerdo con la organización dedicada a la inmigración, un 28% de esta última subvención fue a localidades santuario.
Financiando la inmigración ilegal
El Center for Immigration Studies alega que su estudio demuestra cambios en los criterios de selección de las agencias estatales para otorgar beneficios económicos. Ya no importa si se cumple la ley federal, de hecho:
Se ha determinado que algunas de estas políticas (santuario) constituyen una violación de la ley federal (8 USC 1373 y 1644), que establece que ningún gobierno estatal o local puede prohibir o restringir en modo alguno a los funcionarios locales la comunicación con las autoridades federales de inmigración acerca de la situación migratoria de una persona.
¿Con qué criterio, entonces, se elige a los beneficiados? "El DOJ ha empezado a exigir a los organismos receptores que faciliten información sobre su adhesión a determinadas preferencias políticas en materia policial al Gobierno de Biden".
Como ejemplo, explica que desde el 2022 los aplicantes deben completar un cuestionario sobre "diversidad, equidad e inclusión". Y sobre sus "esfuerzos para hacer frente a los prejuicios raciales, étnicos, de género y LGBTQ".
El centro de investigación reconoce que aunque puede ser que el Gobierno federal sea impotente frente a las políticas santuario, por lo menos no debería financiarlas.
Aunque puede que no sea posible que el Gobierno federal obligue a los gobiernos estatales y locales a cooperar con las autoridades federales de inmigración, es razonable que el gobierno federal intente desalentar las políticas santuario y penalizar a las jurisdicciones que decidan obstruir una actividad federal tan legítima y vital.
