Cuando el fiscal general Merrick Garland anunció que nombraría a David Weiss como fiscal especial, no mencionó el punto § 600.3 (c) del Código de Regulaciones Federales titulado "Calificaciones del Asesor Especial". Estas calificaciones incluyen las siguientes: "El fiscal especial deberá ser seleccionado de fuera del gobierno de los Estados Unidos". (Subrayado propio).
Este requisito es la ley. Las regulaciones fueron autorizadas por el Congreso bajo las normas que se encuentran en los apartados 301, 509, 510, 515-519 en el Título 5 del U.S.C. El fiscal general es el principal responsable de la aplicación de la ley de los Estados Unidos. Ciertamente se espera que obedezca la ley en su totalidad.
Si considera que de alguna manera existe una excepción aplicable a este requisito, está obligado a explicar por qué. Cada detalle debe ser atendido con especial atención cuando el fiscal especial es designado para investigar al hijo del presidente titular, quien nombró a Garland. Aquí tenemos lo que parece ser una regla clara que usa la palabra "deberá" en lugar de una palabra más permisiva como "podrá". La regulación a primera vista parece obligatoria, y no consultiva. Si no es así, ¿por qué no?
Hay buenas razones para este requisito. Se supone que el fiscal especial es independiente del gobierno actual, no un empleado que se desempeña como fiscal federal de Delaware y puede ser despedido de ese trabajo por el presidente. Se supone que debe mirar la evidencia a través de los ojos de un extraño.
Garland bien puede decir que no tuvo más remedio que elegir a David Weiss, porque Weiss ha estado llevando a cabo esta investigación durante cinco años. Pero eso suena como una buena razón para no nombrar al hombre que ya acordó hacer lo que muchos consideran un trato ventajoso, limitado a violaciones menores de impuestos y armas. Ya sea consciente o inconscientemente, es probable que Weiss quiera defender esa decisión altamente criticada, una decisión que (como predije) fue rechazada por el juez debido a su ambigüedad.
En cuanto a los cinco años de investigación, no fueron conducidos por el propio Weiss, sino por sus subordinados, que podrían mantenerse en el equipo si se nombrara a un nuevo abogado especial. Pero incluso si hubiera razones persuasivas para nombrar a Weiss como fiscal especial, Garland tenía la obligación de explicar su aparente violación de una regulación vinculante. No lo hizo en su conferencia de prensa. Todavía puede hacerlo. Y debería.
Los defensores de Garland argumentan que puede haber simplemente bordeado, en lugar de violado, la ley porque el nombramiento se hizo bajo su autoridad general y no expresamente bajo las regulaciones relevantes. Esto es una exageración, especialmente porque se basó en esas mismas regulaciones para otorgar al fiscal especial los poderes autorizados por las regulaciones. En cualquier caso, tenemos razón al esperar que nuestros fiscales generales cumplan tanto con la letra como con el espíritu de la ley y no tomen atajos.
Los demócratas dicen con frecuencia que nadie está por encima de la ley. Sin embargo, han guardado silencio sobre Garland aparentemente colocándose por encima de la ley al elegir a Weiss en violación de las regulaciones legales vigentes.
Bajo nuestro sistema constitucional de controles y equilibrios, está dentro de los poderes del Congreso convocar a Garland y pedirle que explique por qué cree que está justificado ignorar una regulación federal que parece limitar su autoridad para nombrar abogados especiales. Seguramente conocía el reglamento y su aplicación, aparentemente, vinculante. Tal vez su explicación sea aceptable. Tal vez admita que estaba equivocado. Tal vez se niegue a responder. El público tiene derecho a escucharlo y juzgar por sí mismo.
Su decisión de ignorar la regulación fue sorprendente. Muchos, incluido este autor, tienen un gran respeto por Garland como un fiscal general políticamente neutral y justo. Muchos de nosotros apoyamos firmemente su nominación a la Corte Suprema y condenamos la negativa de la entonces mayoría republicana del Senado incluso a dar una audiencia basándose en la excusa poco convincente de que era el principio de un año de elecciones presidenciales. (Los republicanos luego apresuraron a la jueza Amy Coney Barrett pocas semanas antes de las elecciones). Pero esta decisión, junto con algunas otras, ha sido extremadamente decepcionante.
Con pocas excepciones, los fiscales generales suelen volverse más partidistas después de ser nombrados. Esto es de esperar, porque son miembros del gabinete que se supone son leales a la Administración a la que sirven. Pero también se supone que son completamente apartidistas en la realización de investigaciones criminales y la presentación de cargos. Es difícil, si no imposible, realizar este papel esquizofrénico.
La solución es dividir el Departamento de Justicia en dos unidades separadas: una política, cuyo titular sirva a placer del presidente; la otra con un fiscal no partidista, que no pueda ser despedido excepto con el consentimiento del Congreso. Si esto se hiciera, tal vez habría menos necesidad de fiscales especiales.
