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Seis grandes hospitales acuerdan con el Gobierno suspender tratamientos de transición de género a menores

NYU Langone y UPMC son los últimos centros en alcanzar acuerdos con el Departamento de Justicia, que mantiene una investigación nacional sobre estos procedimientos.

Banderas del orgullo trans ondean en una marcha

Banderas del orgullo trans ondean en una marchaAFP

Diane Hernández
Publicado por

Seis importantes sistemas hospitalarios del país han alcanzado acuerdos con el Gobierno federal para dejar de proporcionar determinados tratamientos de transición de género a menores, en el marco de una investigación nacional impulsada por la Administración de Donald Trump.

Los dos acuerdos más recientes fueron anunciados el Departamento de Justicia (DOJ) y afectan a NYU Langone Hospitals, en Nueva York, y al University of Pittsburgh Medical Center (UPMC), en Pensilvania. 

Según el comunicado oficial del DOJ, ambas instituciones acordaron dejar de proporcionar a menores procedimientos que incluyen bloqueadores de la pubertad, hormonas sexuales cruzadas y determinadas intervenciones quirúrgicas. NYU Langone pagará 8,5 millones de dólares y UPMC otros 950.000 dólares.

Los acuerdos resuelven investigaciones federales sobre posibles violaciones de distintas leyes sanitarias, incluida la False Claims Act, relacionadas entre otros aspectos con presuntas irregularidades en la facturación de estos tratamientos a programas federales y aseguradoras privadas.

Seis instituciones han alcanzado acuerdos

Los convenios con NYU y UPMC se suman a otros alcanzados previamente con Texas Children’s Hospital, Cleveland Clinic Foundation, Connecticut Children’s Hospital y Mount Sinai Health System, según confirmó el propio Departamento de Justicia.

El primero de estos grandes acuerdos se produjo en mayo con Texas Children’s Hospital. El centro se comprometió a dejar de proporcionar estos procedimientos a menores y a pagar más de 10 millones de dólares en daños y sanciones civiles. También acordó destinar recursos a atención médica para personas que buscan revertir tratamientos recibidos anteriormente.

En junio, Cleveland Clinic alcanzó un convenio similar, que incluye el compromiso de no proporcionar estos procedimientos a menores y destinar dos millones de dólares a servicios médicos para personas que buscan revertirlos.

Connecticut Children’s Medical Center se convirtió en agosto en el tercer hospital en llegar a un acuerdo con el Gobierno federal, comprometiéndose igualmente a suspender bloqueadores de pubertad, hormonas y cirugías de transición en menores.

Mount Sinai destinará 2 millones a atención de “detransición”

Uno de los acuerdos más significativos fue anunciado el 4 de septiembre con Mount Sinai Health System, uno de los principales proveedores médicos de Nueva York.

​Además de una sanción económica cuya cantidad no fue divulgada, Mount Sinai se comprometió a destinar dos millones de dólares a atención médica gratuita para personas que aleguen consecuencias adversas derivadas de tratamientos de transición de género recibidos cuando eran menores.

​La investigación original destacaba esta cláusula como una diferencia importante respecto a otros convenios alcanzados por el Gobierno federal.

Una investigación nacional del Departamento de Justicia

La ofensiva federal se remonta a una orden firmada por Trump en enero de 2025, que instruyó al Departamento de Justicia a priorizar investigaciones sobre posibles violaciones de la ley federal relacionadas con estos tratamientos en menores.

A partir de esa directriz, la División Civil del DOJ abrió una investigación nacional que examina potenciales infracciones de la Food, Drug, and Cosmetic Act, la False Claims Act y otras leyes sanitarias, así como posibles esquemas de facturación indebida.

“El Departamento de Justicia lucha por proteger a los niños de esta nación y trabaja sin descanso para llegar a acuerdos con los hospitales”, afirmó el fiscal general Todd Blanche al anunciar los convenios con NYU y UPMC.

El Departamento asegura que continuará investigando a hospitales, proveedores médicos y otras instituciones que puedan haber infringido leyes federales en la prestación o facturación de estos servicios.

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