Un juez denuncia que la Administración Trump deportó a una niña estadounidense de dos años “sin el debido proceso”

Desde el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito Oeste de Luisiana, el juez Terry A. Doughty, nombrado por el presidente Donald Trump, denunció la probable deportación ilegal de una niña estadounidense de dos años “sin el debido proceso”.

En una breve orden, el juez denunció que la Administración Trump envió a la menor —identificada en los documentos judiciales como V.M.L.— a Honduras junto a su madre, Jenny Carolina López, a pesar de que su padre intentó impedir su salida de EEUU el jueves a través de una petición de emergencia.

Según el juez, la Administración Trump llevó adelante el proceso deportación porque la madre, Jenny López, manifestó que quería que su hija se mantuviera con ella.

“El gobierno Sostiene que todo está bien porque la madre desea que la niña sea deportada con ella”, escribió el juez Doughty. “Pero el tribunal no tiene conocimiento de ello”.

A raíz del caso, el juez mantuvo que “es ilegal e inconstitucional deportar” a un ciudadano estadounidense, como es el caso de la niña, y por ende fijó una audiencia para el 16 de mayo con el objetivo de investigar y explotar su “fuerte sospecha de que el Gobierno acaba de deportar a una ciudadana estadounidense sin un debido proceso significativo”.

Este caso sería el nuevo desafío legal que enfrenta la Administración Trump en medio de su gran esfuerzo por llevar adelante deportaciones masivas. Se uniría a las controvertidas deportaciones de inmigrantes venezolanos, presuntamente vinculados al Tren de Aragua (TdA), y del ciudadano Kilmar Armando Abrego García a El Salvador, donde son recluidos en prisiones de máxima seguridad.

Muchos allegados y defensores de los deportados venezolanos afirman que sus familiares o clientes no están vinculados a la temible banda criminal TdA, designada por el Gobierno federal como grupo terrorista. La Administración Trump está deportando a estos inmigrantes amparándose en un estatuto de guerra rara vez invocado que otorga al Gobierno amplias facultades para llevar adelante deportaciones de enemigos extranjeros.

En el caso de la niña identificada como V.M.L, los expedientes judiciales muestran que la niña de dos años estaba junto a su madre y a su hermana mayor, Valeria, durante una cita migratoria en Nueva Orleans el martes, cuando fueron detenidas por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

López Villela tenía programada su expulsión para el viernes. Según los abogados del Departamento de Justicia, la madre habría manifestado a ICE su deseo de llevarse consigo a su hija a Honduras.

Sin embargo, en una petición presentada por la tutora legal de la niña, el padre sostuvo que, en una breve llamada, escuchó llorar a López Villela y a sus hijas, y le recordó que su hija era ciudadana estadounidense y no podía ser deportada. Intentó darle el número de un abogado, pero asegura que los funcionarios cortaron la comunicación.

La petición advirtió que la detención de V.M.L. violaba sus derechos fundamentales y pidió su liberación inmediata bajo custodia de Trish Mack, su tutora.

El juez Doughty intentó comunicarse personalmente con López Villela el viernes para verificar su consentimiento, pero para entonces el avión que transportaba a la madre y las niñas ya sobrevolaba el Golfo de América. La confirmación oficial llegó minutos después por parte de un abogado del Departamento de Justicia: López Villela había sido liberada en Honduras, probablemente junto a las niñas.