"Oregón se convirtió en el salvaje Oeste": el fracaso de la despenalización de la droga
El primer estado en quitar penas a la posesión está por convertirse en el primero en re-penalizarlas. Los expertos señalan que las lecciones del 'caso oregoniano' deberían oírse en todo el país.
(AFP)
"No debería haberse hecho, causó más daño que bien". Esa es la opinión que recibe en las encuestas la despenalización de las drogas duras en Oregón, conocida como Norma 110 (oficialmente: Ley de Tratamiento y Recuperación de Toxicómanos). Quien así da voz a esta postura predominante es un sin techo adicto al fentanilo, que, sentado sobre la acera, añade: "[Oregón] se convirtió en el salvaje Oeste".
Aquel es uno de los testimonios difundidos por Kevin Dahlgren, quien camina las calles del Beaver State hablando con quienes las habitan, para entender el problema del sinhogarismo. En el video, Dahlgren dice que "personalmente, nunca me había encontrado con tantos cadáveres como el año pasado". Su entrevistado coincide: "Sí, nunca había escuchado tantas sirenas en mi vida".
Desde que los ciudadanos de Oregón acudieron a las urnas hace tres años para aprobar la quita de penas al consumo de drogas, los indicadores de adicción pegaron un salto que hoy ubica al estado entre los peores del país. El indicador más revelador es, probablemente, el aumento de las muertes por sobredosis de fentanilo: 1500% desde antes de la pandemia.
La medida no legalizó el consumo de sustancias adictivas como el fentanilo, metanfetamina o la heroína. Pero sí diluyó sus consecuencias, eliminando el encarcelamiento e imponiendo multas de hasta 100 dólares. Monto que los sancionados podían reducir a cero si en 45 días buscaban tratamiento para salir de su adicción.
También buscaba mejorar los servicios y ayudas sociales para tratar la adicción, recurriendo a dólares recabados de los impuestos a la marihuana (legalizada para usos recreativos en 2015) y el ahorro que generaría debido a la disminución de los arrestos y encarcelamientos.
Si en noviembre de 2020 Oregón se convirtió en el primer estado en despenalizar las drogas, en 2024 está por convertirse en el primero en re-penalizarlas. Los protagonistas son los mismos, cambió la experiencia. Aunque hay quienes todavía la defienden -como la ACLU-, las encuestas muestran que la medida, estrella de la agenda progresista, cayó en desgracia entre la mayoría de la población y la política.
Perdió el brillo incluso para quienes, como la gobernadora del estado, Tina Kotek, se definen como "demócratas progresistas". Tan sólo unos meses después de defender que la medida había sido un éxito porque, al menos, había instalado el tema de la adicción en el discurso público, reconoció su resultado adverso:
Este mes se comprometió a firmar un proyecto que la revierte. Proyecto presentado, también, por demócratas.
Un vuelco de ciento ochenta grados
"Tratamiento por sobre encarcelamiento". Bajo esa promesa, un 58.46% del electorado estatal aprobó la despenalización. La norma se vendió como un abordaje más "humano" al problema de las drogas, asegurando que permitiría a los consumidores acercarse a los cuidados que los librarían del yugo de la metanfetamina, la cocaína, el fentanilo. La propuesta en las urnas decía literalmente, según un periódico local:
"Nadie quiere ver a alguien en la cárcel porque sufre de una adicción", sostuvo el presidente de la Foundation for Drug Policy Solutions, el doctor Kevin Sabet, en una reciente entrevista a KOBITV. "Desafortunadamente, la Norma 110 tuvo el efecto opuesto". Los votantes fueron, asegura, engañados.
Engaño o no, la mayoría de los oregonianos coinciden en que fue un error: el 56% apoyaba la derogación total de la medida a fines del año pasado, según reveló una encuesta de Emerson College Polling.
La mitad aseguraba que la Norma 110 había vuelto más inseguras a las comunidades, mientras que sólo un 20% decía sentirse más seguro. Un 64% prefería eliminar las partes sobre despenalización antes que dejar la ley como estaba -otros ítems, como el intercambio gratuito de agujas usadas por nuevas, merecieron evaluaciones menos uniformes-.
Si los ciudadanos de a pie fueron mudando de postura al paso de meses y años, los uniformados sospecharon desde el principio: "Muchos oficiales percibieron que la Norma 110 no servía a la población más afectada por la adicción", concluye un estudio de tres investigadores de la Portland State University que recoge testimonios de una veintena de agentes.
Los policías consultados dijeron, además, que la medida complicaba su trabajo: reducía la capacidad de detectar otros delitos -el registro de sospechosos de posesión servía para descubrir otras infracciones- y de reclutar informantes -amenazar con cargos por posesión a los compradores ayudaba a llegar a los vendedores-.
La mayoría sostuvo que había repartido pocas citaciones o incluso ninguna, ya que creía que los consumidores pillados in fraganti simplemente ignoraban, con impunidad, las multas o las evaluaciones requeridas. En otras palabras: "No vale la pena". Sobre todo porque, aseguraron, podían proveer información sobre tratamientos sin necesidad de repartir las multas.
Consumidores en tratamiento, contra la despenalización
La ONG Oregon Recovers consultó por correo y redes sociales a más de 1200 adictos en recuperación sobre la despenalización. Un 83,7% aseguró que el consumo había aumentado desde que se quitaron las penas. Un 50,5% ve a la Norma 110 como culpable, mientras que un 49,5% opina que hubiese ocurrido de todas formas.
A pesar de que cerca de la mitad de los consultados votó a favor de la medida hace tres años, hoy casi un 80% quiere que se modifique (56.1%) o sea eliminada (23,3%). Más aún, un 83,7% asegura que "algunas personas necesitan la motivación de la justicia penal o los tribunales para buscar la recuperación".
Los números del derrumbe
Si el fracaso parecía evidente en calles y sondeos tempranos, los registros telefónicos terminaron de convencer a muchos del fiasco: una auditoría de la Oregon Health Authority reveló que sólo el 1% de las personas citadas por posesión de sustancias llamaban a la línea telefónica creada como parte del programa. Quienes marcaban el número de la Recovery Center Hotline, se libraban de la multa de hasta 100 dólares que acompañaba la citación. "Tratamiento por sobre encarcelamiento": si llamas y pides ayuda, evitas penas (económicas, las carcelarias habían sido eliminadas). Los citados, sin embargo, no llamaban.
El sondeo del Emerson College indica que un 38% de los ciudadanos estaban más dispuestos a querer repeler la norma al conocer esa información. En sus primeros 15 meses, la Recovery Center Hotline atendió 119 llamados. Sólo 27 personas marcaron el número para consultar sobre tratamientos relacionados al consumo de drogas. Cada llamada costó $7.000. Todos aquellos son datos recogidos por la auditoría, que diplomáticamente concluye: "No es claro que la línea creada por la Norma 110 proporcione el mejor valor dados los limitados recursos estatales".
Aún más, expertos y testigos de primera mano aseguran que quienes sí debían pagar un multa -porque habiendo recibido una citación, no telefoneaban al número indicado- no eran perseguidos si decidían ignorar la sanción. El periódico local OBP lo ilustra con una escena que, asegura, "la Policía dice que ocurre con demasiada frecuencia en el centro de Portland":
Como reportó Voz Media a finales del año pasado, las muertes por sobredosis se habían multiplicado por trece, casi siete veces más que la media nacional. El recuento provisional de muertes de los CDC permite apreciar el crecimiento de las sobredosis:
Screenshot 2024-03-16 at 22.55.16
Número provisional y variación porcentual de muertes por sobredosis de drogas al final de 12 meses. (CDC)
Los datos estatales arrojan que en de 2019 a 2022, las muertes por sobredosis involuntarias de opiáceos aumentaron un 241%, de acuerdo con NPR.
Las muertes por fentanilo aumentaron un 1.500% desde 2019, de acuerdo con datos federales analizados por The Oregonian. Es el aumento más elevado del país. En 2023, Oregón pasó del puesto 36 de 39 en sobredosis del opiáceo sintético al 17. Fueron 30 muertes cada 100.000 personas.
La auditoría pública sobre el desempeño de la Measure 110 a principios del año pasado también remarcó que Oregón -¿Tratamiento por sobre encarcelamiento?- quedó en el puesto 50 de la nación en acceso a tratamiento.
Las lecciones de Oregón
Un "modelo" para otros estados. Una "victoria para el sentido común", que sería "observada de cerca como un modelo para otros estados". Un voto "histórico", que "transforma radicalmente el enfoque estatal del consumo personal de drogas y puede servir de modelo para futuras reformas". Todo aquello se escribió sobre la Measure 110 en noviembre de 2020, cuando acababa de ser ungida con el voto popular. Tres años más tarde, la narrativa se ha invertido: más que un ejemplo a emular, Oregón se ha vuelto una pesadilla a evitar
¿Qué lecciones deja? "Normalizar el consumo de drogas es horrible para una comunidad", señala un aprendizaje a apuntar Luke Niforatos, vicepresidente ejecutivo de la Foundation for Drug Policy Solutions a Voz Media. "Parece intuitivo, sí". (A pesar de esto, añade, la promoción de la medida fue muy efectiva... "Tratamiento por sobre encarcelamiento").
"Nuestro punto de vista es que no debemos adoptar políticas que normalicen o fomenten el consumo de drogas", sostiene y afirma que es es, justamente, lo que hace la despenalización. "El consumo de drogas se normalizó en todo el estado... las personas que fumaban fentanilo y se inyectaban heroína en la calle pudieron hacerlo legalmente (en un sentido práctico, porque legalmente seguía prohibido)". "Cualquier métrica que se mire está mucho, mucho peor que antes y la ciudadanía estaba menos segura como resultado de la medida 110."
Otra enseñanza del caso oregoniano es que "la persona promedio que es adicta a las diversas drogas que se encuentran en la calle no suele elegir por sí misma someterse a tratamiento". "Eso no suele suceder, porque es una adicción demasiado intensa".
Hay que crear un sistema, asegura, que "empuje" hacia el tratamiento a quienes están al borde de la adicción o ya sumergidos en sus profundidades. Para eso, es necesaria la Policía. "Palo y zanahoria".
La gente que sufre una adicción está en "negación", no va a elegir el tratamiento por sí misma. Niforatos no desdeña, sin embargo, la importancia del tratamiento: "No vamos a salir de la crisis arrestando a todo el mundo".
"Menos del 10% de los estadounidenses que padecen un trastorno por consumo de sustancias tienen acceso a tratamiento", asegura. "Tenemos que lograr una alianza entre las fuerzas del orden y la sanidad pública para asegurarnos de que no muera más gente, antes de que más familias resulten heridas".
En resumen, "Lo que aprendimos es la cruda verdad de la adicción: la gente necesita ayuda, la gente necesita una mano".
Muera la Measure 110, ¿larga vida a la HB 4002?
Más de mil sobredosis y tres años después, los legisladores estatales tomaron cartas en el asunto: 21 senadores y 51 congresistas aprobaron un proyecto de ley para volver a penalizar la posesión de drogas. El apoyo fue bipartidista -al igual que el insuficiente rechazo-. La HB 4002 ahora se encuentra en el despacho de la gobernadora Tina Kotek, esperando su firma. Kotek se mostró dispuesta a convertirla en ley.
En contra de lo que podría esperarse, la bancada republicana se sumó a una iniciativa de la demócrata para pasar el texto legislativo que eleva la gravedad de la posesión -aunque es igual de cierto que los azules querían imponer penas de hasta 30 días de cárcel, límite que tras las negociaciones con el GOP se extendió hasta los 180 días, según medios locales-.
Bajo el nuevo proyecto, quienes sean acusados de posesión se enfrentarán a cargos por delitos menores. La medida también busca facilitar el acceso a los tratamientos. Abandonado el "Tratamiento por sobre encarcelamiento", queda por ver si el retorno a un modelo tradicional hace el truco.
LO ÚLTIMO
