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Una jueza federal ordena a Trump retirar los anuncios televisivos financiados con 20 millones de dólares de fondos públicos

La decisión suspende durante 14 días la emisión de los comerciales, cuestionados por presuntamente utilizar recursos del Gobierno para promover al presidente antes de las elecciones legislativas de noviembre. La Casa Blanca sostiene que se trata de mensajes de servicio público.

Donald Trump, durante la Golden Age of American Innovation Summit en Washington DC. 

Donald Trump, durante la Golden Age of American Innovation Summit en Washington DC. AFP.

Diane Hernández
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Una jueza federal ordenó este domingo a la Administración del presidente Donald Trump cancelar los anuncios televisivos financiados con fondos públicos que promocionan su gestión, tras una demanda que cuestiona la legalidad de utilizar recursos gubernamentales con posibles fines electorales.

La magistrada Jennifer Rochon, del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, emitió una orden de restricción temporal de 14 días que impide crear, contratar o difundir nuevos anuncios de este tipo y obliga a cancelar las emisiones pendientes.

La decisión afecta a una campaña publicitaria para la que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destinó 20 millones de dólares, según informó la AFP. 

Una disputa por el uso de fondos federales

La medida responde a una demanda presentada por una coalición encabezada por la organización de vigilancia gubernamental Common Cause, junto con representantes sindicales y un candidato a la legislatura estatal de Alabama.

Los demandantes sostienen que los anuncios exceden los propósitos autorizados por el Congreso para esos recursos y vulneran las restricciones federales sobre el uso de fondos públicos para publicidad y propaganda política.

En un comunicado difundido por Democracy Forward, organización que representa a los demandantes, la coalición celebró la decisión judicial y aseguró que no existe justificación legal para utilizar fondos asignados por el Congreso a otros fines con el objetivo de influir en resultados electorales.

La orden es provisional y no constituye una sentencia definitiva sobre la legalidad de la campaña.

Anuncios contra el comunismo y una 'batalla final'

Los comerciales comenzaron a emitirse a finales de septiembre, a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre, en las que estarán en juego el control de la Cámara de Representantes y parte del Senado.
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​Uno de los anuncios incluía una canción con la frase "Ámame", mientras Trump declaraba que Estados Unidos nunca sería un país comunista.
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​Otro mostraba al mandatario advirtiendo sobre una 'batalla final', acompañado de imágenes en blanco y negro y un mensaje que identificaba al Gobierno estadounidense como responsable de financiar la publicidad.
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​Los anuncios provocaron cuestionamientos tanto de legisladores demócratas como de algunos republicanos, particularmente por el empleo de dinero de los contribuyentes para difundir mensajes asociados al discurso político del presidente.

La Casa Blanca defiende la campaña

La Administración Trump ha defendido los comerciales como mensajes de servicio público destinados a promover las políticas gubernamentales, y no como publicidad electoral.

Además, el Departamento de Justicia argumentó ante el tribunal que una orden judicial era innecesaria porque la campaña publicitaria ya tenía previsto finalizar el domingo.

En medio de la controversia, Trump anunció que su comité político MAGA Inc. financiaría los futuros anuncios promocionales, aunque la Casa Blanca aclaró posteriormente que esa decisión no implicaba el reembolso de los fondos públicos ya utilizados.

Según Associated Press, el mandatario defendió los comerciales como una promoción positiva de Estados Unidos.

La controversia se produce en plena campaña para las elecciones legislativas, en las que Trump busca respaldar a los candidatos republicanos para conservar el control del Congreso.

Por ahora, la resolución judicial paraliza los anuncios financiados por el Gobierno durante dos semanas, mientras continúa el litigio sobre los límites legales para utilizar recursos federales en comunicaciones que los demandantes consideran de carácter electoral.

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