Newsom firma una ley que permitirá a los médicos californianos prescribir la píldora abortiva de manera anónima y esquivar demandas de estados republicanos

Gavin Newsom sancionó un proyecto de ley que permitirá a los médicos californianos prescribir la píldora abortiva de manera anónima y esquivar demandas de estados republicanos que prohíben este medicamente. Además, el gobernador del Estado Dorado firmó una segunda norma que mantendría la mifepristona disponible en el estado, incluso en el caso de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) decidiera revocar su aprobación.

En un comunicado, Newsom justificó su rúbrica porque "California defiende el derecho de la mujer a elegir. Estoy orgulloso de firmar estos proyectos de ley para proteger el acceso a la atención médica esencial y proteger a los pacientes y proveedores de atención médica frente a los ataques amplificados contra el derecho fundamental a la libertad reproductiva".

La nueva norma, la AB 260, vuelve a situar a California como cabeza de lanza como adalid del supuesto derecho al aborto, tratando de imponerse a las legislaciones de estados rojos que han limitado los plazos de esta intervención. 

Blindar a los abortistas frente a procesos judiciales fuera del estado

El texto viene a refuerzar las leyes de protección existentes en el estado, diseñadas para blindar a los abortistas frente a procesos judiciales fuera del estado. La líder de la mayoría demócrata en la Asamblea, Cecilia Aguiar-Curry, dijo que presentó la legislación en respuesta directa a un hombre de Texas que demandó a un médico de California por enviar a su novia píldoras abortivas, según informa Politico.

Además, La ley, que entró en vigor inmediatamente tras la firma, también contempla que los planes de salud estatales cubran la mifepristona. También incrementa las protecciones legales a los profesionales sanitarios, como los farmacéuticos, que transportan, dispensan o manipulan el medicamento: 

"Los farmacéuticos que no incluyan datos identificativos en la medicación tendrán que anotarlos en un registro que las fuerzas del orden sólo podrán consultar mediante una citación y que las entidades de fuera del estado no podrán ver", continúa el informe.