Este es el plan demócrata para regular la IA desde el Congreso: más poder a los estados y controles a los centros de datos

Los demócratas se preparan para convertir la inteligencia artificial en una de las prioridades de su nueva mayoría en el Congreso, tras arrasar en las elecciones de medio término. La agenda que empieza a tomar forma apunta a preservar la capacidad de los estados para legislar, endurecer la vigilancia sobre los centros de datos, exigir pruebas de seguridad a los nuevos modelos y frenar la venta de chips avanzados a China. Todo eso choca con un obstáculo en la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump prometió vetar los proyectos de ley que salgan del Capitolio y vayan en contra de las prioridades de su propia agenda, entre ellas el desarrollo de la superinteligencia.

Las líneas de ese enfoque surgen de lo revelado en los últimos días por la prensa, con reportajes publicados en el Wall Street Journal, POLITICO y el New York Times, además de una carta que los demócratas del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes enviaron al secretario de Comercio, Howard Lutnick, exigiéndole respuestas sobre la política de la Administración Trump respecto de los chips avanzados de inteligencia artificial.

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El calendario es fundamental en todo este asunto. Las mayorías obtenidas en las midterms recién asumirán el 3 de enero de 2027, con el inicio del nuevo Congreso. Aun entonces, cualquier ley sobre IA que Trump decida vetar necesitará dos tercios de los votos en ambas Cámaras para sobrevivir, un umbral que obliga a los demócratas a sumar apoyos republicanos disidentes, una misión que se avizora, cuanto menos, compleja.

El primer frente es el de los estados. Durante todo el año, Trump presionó al Congreso para establecer un estándar federal único que anule las leyes estatales sobre IA y firmó una orden ejecutiva para combatir las regulaciones locales que considera excesivas. Los demócratas resistieron esos intentos y, con un Gobierno dividido, la expectativa en el sector privado es que la regulación siga avanzando estado por estado antes que desde Washington.

Doug Gilbert, director de información de la firma de servicios tecnológicos Sutherland, dijo al WSJ que, al asegurar que las elecciones, los demócratas despejaron cualquier posibilidad de un techo federal a la regulación en el corto plazo. “Las leyes estatales —California, Colorado, Nueva York, Texas— son el estándar operativo, no algo provisorio”, dijo.

Ese esquema tiene sus críticos dentro de la propia industria. Matt Calkins, director ejecutivo de Appian, advirtió que un mosaico de normas estatales podría resultar desigual en el país y que temas como la alineación de los modelos o la propiedad intelectual deberían resolverse a nivel federal.

El otro frente: los centros de datos

El malestar de los votantes por la expansión de estas instalaciones, que consumen enormes cantidades de energía y agua, jugó un papel en el triunfo demócrata de la semana pasada, según POLITICO y, de acuerdo con el WSJ, los legisladores del partido empiezan a enfocar sus propuestas regulatorias precisamente en ese terreno.

Entre las opciones que se discuten figura la obligación de someter los nuevos sistemas a pruebas antes de su lanzamiento al público, una idea que gana terreno entre los aspirantes demócratas a la Presidencia en 2028.

Cuatro de ellos —el gobernador de Illinois, JB Pritzker; el exalcalde de Chicago Rahm Emanuel; el senador Cory Booker, de Nueva Jersey, y el representante Ro Khanna, de California— participaron el fin de semana en San Francisco de un encuentro con investigadores y activistas de la seguridad de la IA, organizado por Who Decides, el grupo que dirige el asambleísta neoyorquino Alex Bores, autor de una de las leyes estatales más ambiciosas sobre la materia.

“Creo que el riesgo de seguridad de la IA es un riesgo existencial”, dijo Khanna durante la reunión, en la que también cuestionó la jerga técnica con la que la industria aleja el debate de los votantes.

Booker incluso reclamó que el Congreso actúe antes: “Que el Congreso no haga nada es invitar a un daño exponencialmente mayor que el que provocó la última ola tecnológica”, sostuvo el senador, que pidió convocar una sesión especial para abordar el tema. Emanuel, por su parte, dijo a los asistentes que no podía pedirle a la gente que no entrara en pánico y que los ciudadanos esperan que el Gobierno y la industria rindan cuentas.

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Los demócratas contra Lutnick

El cuarto eje apunta a la seguridad nacional. Los demócratas Gabe Amo, Gregory W. Meeks y Sydney Kamlager-Dove exigieron a Lutnick explicaciones por la decisión del Departamento de Comercio de autorizar exportaciones de chips avanzados de IA, incluidas licencias para empresas chinas con vínculos con el Gobierno de Pekín, contratistas militares y firmas sancionadas, según el NYT.

“La seguridad nacional debe estar por encima de los objetivos de ventas corporativos”, escribieron en la carta.

El reclamo llega en medio del escándalo que sacude a Nvidia, cuya junta directiva abrió una investigación sobre la relación de su director ejecutivo, Jensen Huang, con Alice Huang, exejecutiva de la firma Megaspeed. Según personas informadas sobre los datos de inteligencia citadas por el NYT, la mujer trabajaba para el Ministerio de Seguridad del Estado de China. Huang reconoció el romance ante sus empleados y seguirá al frente de la compañía mientras dure la investigación.

Del lado empresarial, la perspectiva de nuevas reglas no despierta alarma. Varios ejecutivos consultados por el WSJ aseguraron que ya aplican sus propios controles internos y que las capacidades actuales de los modelos alcanzan para sus necesidades, por lo que una eventual desaceleración no alteraría sus planes. Tony Bates, director ejecutivo de Genesys, resumió la discusión de fondo en si las nuevas normas lograrán generar confianza sin frenar la innovación.

La apuesta demócrata, sin embargo, depende de algo que el partido no controla. En el encuentro de San Francisco, una de las investigadoras presentes advirtió que el margen de tiempo para evitar daños graves podría medirse en uno o dos años, y que ese plazo no alcanza para esperar un Gobierno unificado. Su conclusión fue que cualquier avance real necesitará cooperación entre ambos partidos.