Una investigación señala a Joe Biden y a las autoridades de Denver como responsables de la presencia de criminales venezolanos en Aurora

Aurora, una ciudad de Colorado con muy poca prensa hasta hace algunas semanas, tomó relevancia nacional luego de que un grupo de delincuentes venezolanos tomara dos complejos de edificios. Desde entonces, las fuerzas de seguridad y el alcalde lograron desalojarlos, pero con la amenaza latente de que más delincuentes cometan delitos en la ciudad. En cuanto a las causas de la llegada de bandas criminales a Aurora, una investigación tiene claros a los responsables. 

El periodista Christopher Rufo y su colega Christina Buttons, publicaron un extenso escrito en el que concluyen lo siguiente: "La Administración Biden, en asociación con las autoridades de Denver y ONG subsidiadas con fondos públicos, proporcionó la financiación y la logística para ubicar a una gran cantidad de inmigrantes venezolanos en Aurora", generando así "un imán para el crimen y las pandillas". 

De acuerdo con Rufo y Buttons, todo comenzó en 2021, cuando Joe Biden firmó la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA), destinando en el proceso 3.800 millones de dólares en fondos federales a Colorado. 

Ahora entra en juego Denver, la cual se había declarado “ciudad acogedora” para los migrantes, reclamando parte del dinero para implementar un programa de reasentamiento bautizado como "Respuesta de Emergencia a Migrantes". 

"Denver, por su parte, firmó contratos multimillonarios con dos ONG locales, ViVe Wellness y Papagayo, para brindar alojamiento y servicios a más de 8.000 migrantes, en su mayoría venezolanos. Estas ONG están dirigidas, respectivamente, por Yoli Casas y Marielena Suárez, quienes, según sus biografías profesionales , no parecen tener experiencia previa en reasentamientos de migrantes a gran escala", continuaron Rufo y Buttons.

Como parte de la financiación de ARPA, y según registros públicos, ViVe Wellness y Papagayo recibieron 4,8 millones de dólares y 774.000 dólares, respectivamente. En 2024, ViVe consiguió otros 10,4 millones extra en tres contratos, mientras que Papagayo recibió 2,9 millones de dólares de un solo contrato para atender a los migrantes. En cuanto a este último caso, dos de esos cinco contratos se adjudicaron para implementar el Programa de Solicitantes de Asilo de Denver, el cual consistía en seis meses de asistencia para el alquiler a casi 1.000 migrantes.

Con esto en mente, ambas organizaciones comenzaron a trabajar para ubicar a los inmigrantes en unidades de vivienda y subsidiar su alquiler. Papagayo trabajó codo a codo con una empresa llamada CBZ Management, la cual opera los tres edificios de apartamentos que actualmente están en el ojo de la tormenta en Aurora. 

Un antiguo empleado de la compañía habló con los periodistas en cuestión en condición de anonimato, explicando el proceso de localización. De acuerdo con su testimonio, cuando una persona necesitaba un lugar para hospedarse, la propia ONG se ponía en contacto con CBZ Management y le buscaban algún apartamento disponible. 

Según el citado testimonio, bastaron seis meses para que el 80% de los residentes de estos edificios sean inmigrantes venezolanos, quienes eran aceptados en parte por falsas premisas. El empleado aseguró que Papagayo certificaba que estos inquilinos tenían empleos estables e ingresos, aunque muchos o eran elegibles para un empleo legal, por lo que en ocasiones terminaban luchando por la estabilidad financiera y atrasándose en el pago del alquiler. 

"Esto fue solo el comienzo. A medida que los inmigrantes venezolanos se instalaban en los apartamentos, causaban muchos problemas. Según un informe legal confidencial que obtuvimos, basado en informes de testigos, en los apartamentos se cometieron una serie de delitos, entre ellos allanamiento, agresión, extorsión, consumo de drogas, posesión ilegal de armas de fuego, trata de personas y abuso sexual de menores. Desde entonces, cada uno de los tres complejos de apartamentos ha experimentado un aumento localizado de la delincuencia", sentenciaron.