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DeSantis firma un proyecto de ley para quitar financiación a programas de diversidad en las universidades públicas de Florida

“Queremos centrarnos en la misión clásica de lo que se supone que es una universidad”.

Ron DeSantis

Gage Skidmore/ Flickr

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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este lunes una propuesta legislativa para prohibir que las instituciones públicas de educación superior promuevan, apoyen o gasten en programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

La ley también impide que las universidades del estado participen en activismo político o social y que ofrezcan cursos que “distorsionen eventos históricos”, enseñen “políticas de identidad” o estén “basados en teorías de que el racismo sistémico, el sexismo, la opresión o el privilegio son inherentes a las instituciones de los Estados Unidos y fueron creados para mantener las desigualdades sociales, políticas o económicas”.

DeSantis explicó que el estado de Florida no caería en el “juego” de seguir con temas que “defienden la discriminación, la exclusión y el adoctrinamiento”, como se ha hecho en otras partes del país. El gobernador invitó a que se fueran del estado aquellas personas que prefieran estudiar ese tipo de temas, y resaltó que, aunque no había nada de malo en eso, Florida no utilizaría el dinero de los impuestos para esa clase de programas.

“Queremos centrarnos en la misión clásica de lo que se supone que es una universidad”, dijo, señalando que la misión tradicional de las instituciones educativas incluye tratar a las personas como individuos sin tener que dividir en base a “características superficiales”.

La ley Stop WOKE Act

El gobernador ha dejado claro que no está dispuesto a que la agenda woke llegue a Florida. De hecho, su iniciativa 'Stop WOKE Act' ha sido una de las luchas contra las imposiciones de esa cultura. La norma que fue bloqueada temporalmente por un juez y luego reactivada por un tribunal federal, prohíbe la promoción de la teoría crítica de la raza y otros convencionalismos woke.

La ley fue puesta en vigor desde abril y representó un avance que impide que tanto las escuelas como las corporaciones sometan a los estudiantes o empleados a instrucciones que “propugne, promueva, avance, inculque u obligue a dicha persona a creer que los conceptos especificados constituyen discriminación por motivos de raza, color, sexo u origen nacional”.

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