Justicia de dos niveles: fiscales locales protegen a los no ciudadanos de las consecuencias migratorias
Cuando un fiscal local tiene en cuenta la situación migratoria a la hora de decidir los cargos y los acuerdos de conformidad, dos personas que cometen el mismo delito en tu comunidad podrían enfrentarse a consecuencias muy diferentes. Un informe de la Cámara de Representantes y una investigación del Departamento de Justicia alegan ahora que eso está ocurriendo en jurisdicciones que van desde el norte de Virginia hasta Colorado y Filadelfia.
Imagen de inmigrantes
Se acusa a fiscales de todo el país de dar un trato preferencial a los inmigrantes ilegales cuando cometen delitos, lo que les permite permanecer en libertad en el país y pone en peligro la vida de los ciudadanos estadounidenses. Los informes al respecto parecen indicar que, cuando la persona detenida es ciudadana estadounidense, se le niega gran parte de la indulgencia que se muestra hacia los inmigrantes ilegales acusados del mismo delito.
La Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes y su Subcomisión de Inmigración han publicado un informe esta semana en el que se detalla cómo la fiscal del condado de Arlington, en el estado de Virginia, Parisa Dehghani-Tafti, "obstaculiza la aplicación de la legislación federal en materia de inmigración y protege a los delincuentes extranjeros de rendir cuentas". La campaña de Dehghani-Tafti recibió 515 000 dólares de entidades políticas afiliadas a George Soros, según informó Fox News el pasado mes de octubre.
Una comisión del Congreso afirma que esta política garantiza que ciertos ciudadanos extranjeros nunca sean condenados por conducir bajo los efectos del alcohol
"Las políticas de fronteras abiertas de los demócratas y las jurisdicciones santuario han tenido consecuencias devastadoras para los ciudadanos estadounidenses. Incluso después de que el pueblo estadounidense rechazara rotundamente las políticas demócratas a favor de los inmigrantes ilegales en noviembre de 2024, los demócratas de todo el país reforzaron las políticas de santuario para garantizar que los millones de inmigrantes ilegales que entraron en EE. UU. nunca sean expulsados del país", escribió la comisión en su comunicado sobre el informe.
Los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incluidos en el informe mostraron que las jurisdicciones santuario — ciudades que se han comprometido a no colaborar con el ICE— han rechazado al menos 41 085 órdenes de detención entre octubre de 2022 y principios de 2026.
El informe del Comité Judicial incluía el testimonio de Dehghani-Tafti sobre la política de su oficina de modificar los resultados de los casos de beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) acusados de conducir bajo los efectos del alcohol (DWI), con el fin de garantizar que no pierdan su estatus de DACA. "Esta política garantiza que determinados ciudadanos extranjeros nunca sean condenados por DWI en el condado de Arlington, [Virginia] únicamente debido a su condición de no ciudadanos estadounidenses", escribió la Comisión.
"El condado de Arlington trata a los extranjeros en situación irregular de forma diferente a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en una situación similar. Las consideraciones específicas en materia de inmigración, y la posibilidad de un resultado procesal diferente basado en dichas consideraciones, no se aplican a los ciudadanos estadounidenses acusados de delitos similares", añadió la Comisión.
La negativa del condado de Arlington a colaborar con el ICE también se extiende a casos relacionados con delincuentes y terroristas, según constató el Comité.
El trato laxo y el seguimiento de los inmigrantes ilegales provocan la muerte de ciudadanos estadounidenses
En el vecino condado de Fairfax, la situación es prácticamente la misma con el fiscal del Estado Steve Descano, quien está es objeto de una investigación por parte del Departamento de Justicia (DOJ) por una posible discriminación contra ciudadanos estadounidenses. "Esta investigación revelará si esta fiscal está poniendo en peligro a la comunidad al ofrecer acuerdos ventajosos a inmigrantes ilegales acusados de delitos graves", declaró en mayo la fiscal general adjunta Harmeet K. Dhillon, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
La investigación se inició varios meses después de que Stephanie Minter fuera asesinada en el condado de Fairfax, presuntamente por Abdul Jalloh, un inmigrante ilegal con antecedentes penales al que la fiscalía de Descano le había retirado casi todos los cargos que pesaban contra él. Por su parte, Descano negó haber actuado indebidamente y declaró a un medio de comunicación local que "mis políticas son justas, legales y reflejan los valores de mi comunidad".
Al otro lado del país, en el condado de Boulder (Colorado), la política publicada por el fiscal del distrito Michael Dougherty establece que los fiscales de su jurisdicción deben tener en cuenta los efectos colaterales cuando se trata de inmigrantes ilegales que cometen determinados delitos. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, republicano por Ohio, citó a comparecer a Dougherty la semana pasada en relación con un supuesto trato preferencial hacia los inmigrantes ilegales. La comisión de Jordan llevaba meses intentando obtener documentos e información de la oficina de Dougherty, pero el fiscal del condado se negaba sistemáticamente.
En Denver, la Comisión Judicial envió una carta al fiscal del distrito John Walsh en la que citaba consecuencias colaterales similares para los inmigrantes ilegales.
"Bajo su liderazgo, la Fiscalía del Distrito de Denver socava el Estado de derecho con el pretexto de proteger a la ciudadanía. De hecho, durante años, su oficina ha concedido abiertamente un trato preferencial a los extranjeros basándose únicamente en su situación migratoria,", escribió Jordan a Walsh en mayo. "En 2019, su predecesor puso en marcha una política para tener en cuenta la situación migratoria de un acusado a la hora de tomar decisiones sobre el enjuiciamiento. Señalando que "diferentes personas acusadas del mismo delito pueden enfrentarse a consecuencias notablemente diferentes en función de diversos factores, incluido el estatus migratorio de la persona", el antiguo fiscal del distrito ordenó a la oficina que "tomara medidas razonables para mitigar las consecuencias [migratorias]" para los extranjeros acusados de delitos".
En 2017, el inmigrante ilegal Ever Valles disparó y mató a Timothy Cruz, un paisajista de 32 años. Valles ya se había librado anteriormente de una orden de detención del ICE cuando fue puesto en libertad de prisión sin que las autoridades informaran a el ICE, de acuerdo con la política de ciudad santuario.
Jordan acusó a Walsh de continuar con esa política y exigió documentos e información relacionados con las interacciones de la fiscalía con el ICE y el enjuiciamiento de inmigrantes ilegales.
El fiscal del distrito de Filadelfia, Larry Krasner, también aplica la política según la cual "los delitos de menor gravedad y no violentos no deben dar lugar a la deportación ni poner necesariamente en riesgo la situación migratoria de la persona". Jordan también citó a comparecer a su oficina en mayo.
El fiscal del distrito fue sorprendido alardeando de que "los extranjeros delincuentes son puestos en libertad en las calles de Filadelfia, libres para reincidir", afirma Jordan
"De hecho, usted creó un puesto de asesor de inmigración dentro de su oficina para evaluar los casos que involucran a ciudadanos no estadounidenses, con el fin de que los extranjeros "puedan evitar consecuencias innecesarias e injustas"; en otras palabras, para proteger a los extranjeros delincuentes de la deportación", escribió Jordan. "También se jacta abiertamente de cómo sus políticas han dado lugar a que se ponga en libertad a extranjeros delincuentes en las calles de Filadelfia, libres para reincidir. Incluso en casos de asesinato o delitos contra menores, un fiscal de su oficina puede seguir teniendo en cuenta la posible deportación de un extranjero delincuente u otras consecuencias en materia de inmigración a la hora de tomar decisiones sobre el enjuiciamiento".
En Nueva York, el fiscal del distrito de Brooklyn, Eric González, contrató a dos abogados especializados en inmigración para que asesoraran a los fiscales específicamente sobre acuerdos de declaración de culpabilidad y sentencias para inmigrantes ilegales, lo que podría suponer una reducción de los cargos para evitar la deportación.
En California, tanto Los Ángeles como el condado de Contra Costa cuentan con fiscales del distrito que tienen en cuenta la situación legal de una persona a la hora de imputarle un delito. El exfiscal del distrito de Los Ángeles, George Gascón, fue derrotado en las elecciones de 2024 en parte debido a sus políticas laxas hacia los delincuentes, incluidos los inmigrantes ilegales. Mientras era fiscal del distrito de San Francisco en 2015, un inmigrante mexicano deportado en cinco ocasiones asesinó a Kathryn Steinle, de 32 años. El inmigrante, José Inés García Zarate, de 45 años, fue posteriormente absuelto de los cargos de asesinato y homicidio involuntario, así como de agresión con arma mortal. El jurado declaró al ciudadano mexicano culpable de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego, lo que podría acarrearle una condena de tres años.
La política del condado de Multnomah, en Oregón, también establece que las consecuencias deben ser más o menos iguales para los ciudadanos estadounidenses y los inmigrantes ilegales, lo que significa que debe evitarse la deportación.
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