Aquellos individuos que provocaron disturbios en Nueva York por la muerte de George Floyd en 2020 podrían ser indemnizados con unos 10.000 dólares cada uno. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, se posicionó a favor de una demanda colectiva contra Nueva York y acordó un pago total de 13 millones de dólares a los manifestantes del movimiento Black Lives Matter que fueron arrestados o golpeados durante las tensas protestas, pese a que aún necesita el beneplácito judicial.
Según informa el New York Post basándose en declaraciones de expertos, sería uno de los mayores pagos -en concepto de indemnización por estas causas- concedidos en la historia.
Los denunciantes -unos 1.300- presentaron este acuerdo en un tribunal federal de Manhattan. En la demanda, reflejan que, ejerciendo sus derechos constitucionales, "fueron acorralados en lugares de los que no podían escapar", además de señalar que recibieron golpes con "porras, rociados con espray de pimienta" y, posteriormente, "detenidos sin justificación legal, todo ello sin previo aviso" por las autoridades policiales.
"No hay antecedentes de actuación policial inconstitucional"
"Aunque la ciudad no admite su responsabilidad en este acuerdo, la cuantía de este acuerdo monetario, junto con el acuerdo anterior sobre Mott Haven, sugiere claramente lo contrario. También es un testimonio de la importancia de la acción colectiva para reparar las violaciones de importantes derechos constitucionales", dijo Adama Sow, uno de los demandantes. "Este acuerdo monetario refleja la realidad de que la mala conducta de la Policía de Nueva York denunciada en este caso, que es tolerada y condonada en los niveles más altos del Gobierno de la ciudad, perjudica a las personas y comunidades que simplemente están participando en sus derechos constitucionales de libre expresión. La brutal respuesta a estas protestas puede disuadir aún más a la gente de participar en expresiones protegidas y en la creación de comunidades seguras y afectuosas", completó Dara Pluchino, otra de las denunciantes.
Por su parte, Georgia Pestana, defensa de la ciudad de Nueva York, señaló que "no hay antecedentes -ni presentes ni futuros- de actuación policial inconstitucional", y añadió que "no hay privación frecuente de derechos constitucionales" por parte de las autoridades.
