El martes, 20 de febrero, una mina ilegal en el municipio Angostura, en el estado Bolívar, se derrumbó a primeras horas de la tarde dejando hasta el momento más de 20 muertos, un número que va en aumento a medida que se van recuperando cuerpos.

La mina, conocida como “Bulla Loca”, colapsó debido al extractivismo ilícito y sin control que se realizaba en la zona desde finales de diciembre, según explicó a Voz Media el periodista venezolano Fritz Sánchez, especializado en ecología y medioambiente.

De acuerdo con fuentes en la zona, que hablaron con Voz Media bajo condición de anonimato, el yacimiento funcionaba bajo la mirada cómplice del Ejército venezolano que cobraba coimas a grupos criminales que tomaron el control de la mina a principios del 2024.

Asimismo, fuentes de ONG, que también solicitaron anonimato, denunciaron que tanto la Armada como el Ejército cobraban coimas por cada cargamento de combustible que los grupos criminales llevaban hasta “Bulla Loca” para mantener funcionando constantemente los monitores hidráulicos y maquinarias necesarias para la extracción ilícita del oro.

“La mina consumía alrededor 100 tambores —de 200 litros cada uno— de combustible diariamente (…) lo que nos da una idea de la gran magnitud de la actividad aurífera en Bulla Loca. Si el Ejército tiene entre sus funciones la distribución, control y venta del combustible a nivel nacional, ¿cómo es posible que se desviara 20,000 litros de combustible hacia este yacimiento de forma continua y constante?”, cuestionó Sánchez, quien citó datos de denunciantes en la zona.

De acuerdo con informantes y el reporte de Sánchez, “Bulla Loca” está controlada por la mega banda de Alberto Reiniero, alias “El Ciego” y Nelson, más conocido como “El Caracas”. La banda de estos dos líderes criminales domina toda la región comprendida desde El Manteco hasta el Alto Paragua.

Estos grupos tomaron el control de las minas y pagan un alto porcentaje del oro extraído a los diferentes componentes de la Fuerza Armada venezolana para operar con total impunidad en la zona, una práctica muy común en lo que se conoce como el “Arco Minero del Orinoco” en el estado Bolívar.

En el 2016, el régimen de Nicolás Maduro aprobó arbitrariamente un proyecto de explotación mineral llamado “Arco Minero del Orinoco” para extraer minerales metálicos y no metálicos. Este proyecto dio luz verde a la deforestación sin control de importantes reservas naturales y forestales a lo largo y ancho de la región Guayana (estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro). La proliferación de estas actividades ilícitas, apoyadas por la inacción y complicidad de las fuerzas del orden, generó la expansión de la minería tanto dentro como fuera del Arco Minero del Orinoco bajo el control de bandas criminales y grupos guerrilleros colombianos, como FARC y ELN.

Las consecuencias fueron nefastas para las poblaciones en estas regiones. Los indígenas de las zonas son explotados y utilizados como mano de obra esclava en varias zonas mineras, se denuncian masacres impunes de civiles en los territorios mineros en disputa; además, también existe una preocupante proliferación de enfermedades —como malaria—, y una contaminación por metales —como mercurio—, sin precedentes en toda la región.

“Por la complicidad gubernamental y la inacción de los cuerpos de seguridad del Estado han dinamizado el incrementado de la actividad extractivista a niveles alarmantes. Por esta razón, cientos de venezolanos acuden a las minas como último recurso de supervivencia exponiéndose a tragedias como la de el yacimiento ‘Bulla Loca’ o a otros peligros inherentes a las administraciones criminales que ejercen el poder real en estos sectores”, explicó Sánchez.

Familiares desesperados

A la hora de publicar este artículo, familiares de los mineros en “Bulla Loca” denuncian la ausencia de grupos de rescate y socorristas gubernamentales en el yacimiento. Diversos pobladores dijeron que, hasta ahora, todavía hay decenas de cuerpos tapiados por el derrumbe y que no tienen los recursos necesarios para rescatarlos.

Hasta el momento, según pudo conocer Voz Media, los que están haciendo las labores de rescate desde la tarde del martes son los propios mineros, quienes, según denuncias, manifiestan estar exhaustos tras más de 24 horas de excavaciones manuales para intentar encontrar sobrevivientes o los cuerpos de sus compañeros.

Mientras tanto, la desesperación de los familiares va en aumento con el correr de las horas. El número de desaparecidos sigue siendo desconocido, pero se estima que todavía quedan decenas de cuerpos enterrados en la arena.

La mina, de difícil acceso, se encuentra a dos horas y media en transporte fluvial (lancha) de la población más cercana, que es la ciudad La Paragua. Debido a la disminución del cauce del río, la navegación se vuelve más difícil e incluso se ve interrumpida en el Salto Uraima, donde se debe hacer un trasbordo y atravesar una pequeña isla caminando.

Por ahora, fuentes en la zona informaron que los cuerpos recuperados solo han podido ser trasladados hasta el Salto Uraima. A su vez, familiares de los mineros reclaman que las autoridades no han enviado embarcaciones para trasladar a los cuerpos o heridos (cuyo número también es desconocido) a La Paragua.

El político opositor Americo De Grazia, exdiputado por el estado Bolívar y denunciante sobre la situación del Arco Minero del Orinoco, conversó con Voz Media y advirtió que el régimen de Maduro está “jugando a la opacidad” intentando evitar un escándalo internacional por lo sucedido en “Bulla Loca”.

“Las autoridades no envían a socorristas y rescatistas porque sería una propaganda demasiado dañina para ellos. Imagínate como quedaría la imagen del régimen cuando empiecen a salir vídeos y fotografías de los muertos. Ellos jugarán a la opacidad y dirán que la tragedia es mucho menor a lo que se está denunciando”, sentenció De Grazia.

Mientras tanto, las autoridades venezolanas se contradicen al momento de informar sobre las cifras.

En declaraciones a CNN, el alcalde de esa localidad, Yorgi Arciniega, dijo que la tragedia dejó al menos 30 muertos y 100 personas sepultadas. Sin embargo, Edgar Colina Reyes, secretario de Seguridad Ciudadana del Estado Bolívar, dijo a la cadena que solo podía confirmar dos muertos y dos heridos.

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