Un denunciante del IRS acusó al Departamento de Justicia de interferir con una investigación sobre Hunter Biden que podría haberse extendido hasta el propio Joe Biden. Así lo declaró Gary Shapley, quien testificó en mayo ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes sobre el caso por fraude fiscal contra el hijo del presidente.

Shapley, quien todavía trabaja en el IRS, precisó que Hunter Biden debía 2,2 millones de dólares en impuestos entre el 2014 y el 2019. Además, aseguró que su equipo encontró unos cuantos gastos comerciales ilegales durante la propia investigación y que la evidencia recopilada podría haber llevado a “cualquier otra persona” a prisión.

“Si se tratara de cualquier otra persona, probablemente ya habrían cumplido su condena. Había gastos personales que se tomaban como gastos comerciales, prostitutas, membresías a clubes sexuales, cuartos de hotel para supuestos narcotraficantes”, sumó.

Sin embargo, una de sus declaraciones más explosivas implicó al Departamento de Justicia. Según su versión, este entorpeció la investigación y no les permitió continuarla debidamente. “Hubo ciertos pasos de investigación que no se nos permitió tomar que podrían habernos llevado al presidente Biden”, aseguro el hombre en diálogo con Jim Axelrod para CBS.

El denunciante aprovechó también para dudar de unas recientes afirmaciones del fiscal general Merrick Garland sobre la "autoridad total" con la que se estaría manejando el fiscal federal de Delaware, David Weiss, para investigar a Hunter Biden.

“Documenté exactamente lo que sucedió. Y no parece coincidir con lo que dicen hoy el fiscal general o el fiscal federal. (...) Tenemos que asegurarnos, como agentes especiales de Investigación Criminal del IRS, de que tratemos a cada persona exactamente igual. Y eso simplemente no ocurrió aquí", sumó.

El hijo del presidente aceptó a mediados de junio un acuerdo de culpabilidad con los fiscales del Departamento de Justicia (DOJ), por dos casos menores relacionados con evasión de impuestos y por la compra y posesión de un arma de fuego. El arreglo debe ser aprobado primero por un juez federal y luego el hijo del presidente deberá comparecer ante un tribunal.