Muchos demócratas afirman que la reciente acusación contra el senador Robert Menéndez (demócrata por Nueva Jersey) demuestra que el actual Departamento de Justicia (DOJ) actúa sin distinguir afiliaciones partidarias. Aunque todavía es pronto para emitir juicios sobre la reciente acusación, de momento parece se acerca más a ser una acción igualmente injusta.
Tanto en el caso Menéndez como en el caso Trump, los fiscales están recurriendo a la cuestionable táctica de tratar de influir en el jurado antes del juicio. En el primero, la exhibición fotográfica de lingotes de oro y dinero en efectivo permanecerá grabada en la retina todo aquel que la haya visto. Lo mismo se aplica a la exhibición de documentos supuestamente clasificados esparcidos por el suelo en la propiedad del expresidente. Este último "mostrar y contar" fue producido por el DOJ y distribuido por prácticamente todos los medios de comunicación del país.
Un error, en ambos casos. El objeto es el mismo: influir en posibles jurados y testigos, y juzgar el caso en el tribunal de la opinión pública antes de que sea sometido al sistema acusatorio en las cortes. Ambos intentos se aproximan a líneas éticamente inadmisibles. Y a ambos deberían oponerse todos los estadounidenses que se preocupan por una justicia imparcial para todos.
Dos errores no constituyen un acierto ni se anulan mutuamente. Simplemente agravan las injusticias y demuestran que este Departamento de Justicia (y varios otros que lo precedieron) está dispuesto a violar el espíritu o hasta la letra de la ley, las regulaciones del Departamento de Justicia y la ética legal.
No está claro si alguna de esas fotografías se permitirá como prueba en los próximos juicios. Eso dependería de si resultaron de una puesta en escena (como obviamente lo fue en el caso de Trump) o de si simplemente son un registro fiel de lo encontrado por los investigadores. Si el juez de primera instancia declarara inadmisibles las fotografías, el perjuicio para los acusados se agravaría.
No sé si Robert Menéndez es culpable, inocente o algo intermedio. Los tribunales han desestimado varios casos en los que se acusó a funcionarios de recibir artículos de valor a cambio de favores, incluso uno anterior contra Menéndez. Sospecho que este será un caso más fácil de probar en los medios que en los tribunales.
Menéndez ha sido un muy buen senador, especialmente en lo que respecta a la continua amenaza a la seguridad global por parte de Irán. Se encuentra entre los demócratas más moderados y centristas del Senado y es bien conocido por prestar buenos servicios a los electores. Un jurado determinará si cruzó la línea después de que tanto el Gobierno como el acusado presenten sus pruebas y cada uno sea sometido a un contrainterrogatorio.
Nadie debería apresurarse a emitir un juicio antes de que se hayan visto y oído todas las pruebas. Tampoco se debería obligar a Menéndez a renunciar a su escaño en el Senado basándose en acusaciones, fotografías y el tipo de testimonio unilateral que escuchan los grandes jurados. La presunción de inocencia significa precisamente eso: en este momento, Menéndez no debería ser considerado más culpable que otros funcionarios que han sido acusados de irregularidades.
Menéndez se enfrentará dentro de poco a la reelección. Un candidato ya ha anunciado que lo desafiará. Es justo que los votantes examinen la totalidad de la información antes de emitir su voto, pero la acusación en sí misma no debería convertirse en un peso pesado en la balanza electoral, ya que es sólo una acusación unilateral.
Una ironía de las fotografías publicadas por parte del Departamento de Justicia, con la clara intención de influir en el jurado y los testigos, es el hecho de que la misma agencia está tratando de imponer una orden de protección contra Trump para limitar sus publicaciones sobre el proceso judicial, en parte debido a la afirmación de que intentará influir en los jurados y testigos contra el Gobierno.
Tanto Trump como Menéndez tienen el derecho constitucional –bajo la Primera y Sexta Enmienda– de defenderse en el tribunal de la opinión pública. El Gobierno, por otra parte, no tiene ningún aval constitucional que le permita influir sobre jurados o testigos. Su único papel legítimo es, simplemente, buscar justicia. En ese sentido, el DOJ está empezando con el pie izquierdo tanto en el caso Menéndez como en el caso Trump.
Así que permanezca atento. El caso en los tribunales puede seguir una vía muy distinta a la iniciada por la 'acusación ilustrada'.
