Aprietos financieros para Trump: el expresidente debe conseguir más de $400 millones para apelar la sentencia del caso de fraude en Nueva York

Los activos del republicano, incluidos sus rascacielos de Manhattan, podrían ser vendidos o puestos como garantía para conseguir un multimillonario préstamo.

Donald Trump está en serios aprietos financieros y ahora todos sus activos están en el centro de la atención nacional a medida de que se termina el plazo para pagar la multimillonaria multa impuesta por el juez Arthur Engoron, en el caso por fraude civil de Nueva York.

Si bien el expresidente prometió apelar la sentencia que lo obliga a pagar 355 millones de dólares en multa, para hacerlo debe depositar una garantía de más de $400 millones antes de que se venza el plazo de 30 días, de acuerdo con un reporte del diario New York Post.

De hecho, según el tabloide, la situación financia para Trump es bastante compleja: todos sus activos, valuados en unos $2,600 millones según Forbes, ahora mismo corren serios riesgos de ser recortados para pagar la multa y sus intereses.

Es decir, todo el imperio inmobiliario de Trump en Nueva York, incluyendo sus lujosos rascacielos de Manhattan, los campos de golf de categoría profesional y una propiedad de 200 acres en Westchester podrían estar en juego ahora mismo para conseguir rápidamente el dinero en efectivo.

Si bien el fallo de Engoron impuso una multa de $355 millones, el juez también incluyó un cargo de interés del 9 %, que se acumulará diariamente hasta que se pague. Por ello, los expertos calculan que el expresidente sin dudas necesitará más de $400 millones en cálculos conservadores. Algunos incluso hablan de un monto que oscila entre 450 y 500 millones de dólares.

“Y Trump tendrá que reunir el dinero rápidamente: sólo dispone de 30 días para reunir el efectivo o encontrar una compañía de fianzas que se lo garantice, utilizando algunas de sus propiedades como aval”, se lee en el New York Post.

Además, el expresidente no puede recibir préstamos de ningún banco que haga negocios en el estado de Nueva York, según dictaminó Ergoron.

La noticia positiva para el expresidente en todo este asunto es que los expertos legales consideran que Trump tiene motivos suficientes para apelar debido a la multa multimillonaria que impuso Ergoron.

En una columna de opinión para el New York Post, el reconocido catedrático Jonathan Turley, profesor de derecho de la Universidad George Washington, afirmó que la sentencia del juez es “obscena” y que podría equiparar a una violación del debido proceso según la Carta Magna de los Estados Unidos.

“La evidente desconexión entre $355 millones en multas y $0 en daños reales genera preocupaciones obvias sobre indemnizaciones extremadamente excesivas”, escribió Turley. “En casos extremos, puede ser una violación del debido proceso según la Constitución federal”.

“Al imponer un premio astronómico, Engoron hizo difícil incluso apelar su decisión”, continuó el catedrático, quien calificó esta decisión como “uno de los aspectos más insidiosos del fallo”.

“Esta recompensa debería sacudir la conciencia de cualquier jurista objetivo”, sentenció.

Mientras tanto, otro exjuez de Nueva York, le dijo al NYP bajo condición de anonimato que Trump tiene chances series de lograr una desestimación del caso o una reducción de la multa.

Alina Habba, la abogada de Trump, afirmó que lo buscan la Fiscalía de Nueva York y el juez Ergoron es sacar al expresidente del juego con una multa multimillonaria. Pero dijo que eso no iba a suceder y que están listos para conseguir el dinero e iniciar el proceso de apelación.

No obstante, la apelación no puede presentarse en este momento ante el tribunal correspondiente, ya que aún falta que la oficina del secretario del tribunal de Engoron presente la documentación del fallo para oficializarla.

Luego de que se resuelva el trámite administrativo, Trump puede presentar una apelación ante la División de Apelaciones de Nueva York, un tribunal de apelaciones de nivel medio justo por encima del tribunal de primera instancia de Engoron en la jerarquía judicial del estado.