Un informe emitido por el Comité Judicial de la Cámara reveló que el FBI confabuló con una agencia de inteligencia ucraniana para presionar a las empresas de redes sociales a censurar a estadounidenses.
El documento emitido con el Subcomité Selecto sobre Armamento del Gobierno Federal explica que la Oficina Federal de Investigaciones se coludió con el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y marcaron cuentas de estadounidenses para que fueran eliminadas de las redes sociales bajo el argumento de combatir la propaganda de desinformación rusa.
Según el informe basado en documentos citados por Meta y Alphabet, las cuentas marcadas incluían cuentas verificadas de periodistas y del Departamento de Estado estadounidenses.
“La nueva información destaca el papel inconstitucional del FBI al permitir el régimen de censura de la SBU y plantea graves preocupaciones sobre la credibilidad, confiabilidad y competencia del FBI como la principal organización de aplicación de la ley del país”, indica el informe, resaltando que la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense es la base del sistema político del país y garantiza el libre derecho de expresar su opinión.
BREAKING 🚨 House Judiciary Committee and Select Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government releases a following report
"The FBI's Collaboration with a Compromised Ukrainian Intelligence Agency to Censor American Speech." pic.twitter.com/OyOpfDEoYx
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 10, 2023
Limitación del gobierno con las redes sociales
Antes de este informe emitido por el comité, ya se había introducido una demanda en contra de la Administración Biden por la presunta coacción que habría ejercido contra las empresas de redes sociales para censurar publicaciones de ciudadanos estadounidenses que estaban en contra de las medidas que se tomaron contra el covid-19.
A propósito de la demanda, un juez federal decidió implementar una orden judicial que limita la comunicación entre altos funcionarios del gobierno y ejecutivos de las redes sociales, y aunque el Departamento de Justicia intentó poner en pausa este fallo bajo el argumento de que era muy amplia y amenazaba con afectar la obligación de la administración de proteger la seguridad nacional y otras responsabilidades, el juez rechazó la solicitud del DOJ, manteniendo la limitación.
