Fani Willis todavía no está a salvo. Tras varios días de litigación, el magistrado Scott McAfee decidió a principios de mes que la fiscal del condado de Fulton podría seguir al frente del caso contra Donald Trump y otros 18 coacusados por subversión electoral. El juez, sin embargo, dejó abierta la puerta a una apelación, que los acusados decidieron aprovechar este viernes.
El papel de Willis fue puesto en entredicho por su relación romántica con un miembro de la Fiscalía nombrado por ella misma, el fiscal especial Nathan Wade. McAfee dictaminó que, a pesar del "terrible error de juicio" demostrado por ambos, Willis o Wade podrían permanecer en el banquillo acusador si el otro daba un paso al costado. Wade renunció a principios de marzo.
La resolución supo a poco para Trump, Giuliani y los otros acusados. En una presentación ante el Tribunal de Apelaciones de Georgia, sus abogados aseguran que Willis había violado los estándares éticos de su cargo, perdiendo credibilidad.
También aseguraron que había cometido mala praxis en numerosas ocasiones, tanto antes como durante del proceso que buscó removerla del caso, incluyendo acusaciones no procedentes de racismo en contextos no judiciales, como una iglesia, y declaraciones falsas bajo juramento.
Afirmaron, además, que debería alcanzar la apariencia de un conflicto de interés para descalificarla, porque así suele ocurrir con los abogados defensores. Por tanto, debería alcanzar la conclusión del juez McAfee de que hubo una "apariencia de incorrección" para que Willis diera un paso al costado.
Aunque, si se salen con la suya, la fiscal no sería la única que dejaría la acusación: si Willis finalmente es inhabilitada, "también lo debería estar toda su oficina". Como han venido haciendo en numerosas ocasiones, los letrados insistieron en que dejar que permanezca sembrará dudas sobre todo el proceso judicial.
El Tribunal de Apelaciones tendrá unos 45 días para decidir si escuchará o no el caso.
