Donald Trump le respondió este miércoles a Juan Merchán, el juez que lo amenazó con enviarlo a la cárcel si seguía violando la orden de silencio que se le impuso en su juicio penal en curso.
El expresidente expresó su frustración a través de Truth Social por lo que considera una violación de su derecho constitucional a la libertad de expresión, y denunció una vez más que todo el proceso judicial en su contra se trata de un ataque político.
“Es una sensación realmente mala que te quiten tu derecho constitucional a la libertad de expresión (…) especialmente cuando a todos los canallas, vividores y estafadores a los que te opones se les permite decir absolutamente lo que quieran”, expuso.
Trump subrayó que le resulta sumamente complicado no defenderse antes las “mentiras y declaraciones falsas” que se dicen en su contra e insistió en que todo el juicio en su contra es un “sofisticado” plan del presidente Joe Biden para atacarlo.
“Lo que estos corruptos están haciendo es un ataque al Partido Republicano y a la que una vez fue una gran nación”, comentó señalando que los jueces Engoron y Kaplan también son corruptos.
El expresidente culminó su publicación insistiendo en la importancia de defender la Primera Enmienda. "Nuestra Primera Enmienda debe mantenerse, libre y fuerte. ’Dame la libertad o dame la muerte’", escribió, citando al padre fundador estadounidense Patrick Henry.
La amenaza de Merchán
Recientemente, durante la tercera semana del juicio contra Trump, el juez Merchán dijo que lamentaba que las multas impuestas por las violaciones a la orden de silencio no estuviesen teniendo el efecto esperado, por lo que señaló que podría optar por enviarlo a la cárcel como castigo.
"El desacato penal se castiga con una multa que no exceda los 1.000 dólares, con una cárcel que no exceda los 30 días o con ambas, a discreción del tribunal, por cada violación de una orden judicial", expresó.
La orden de silencio
Merchán impuso una orden de silencio a Trump antes de que comenzara el proceso judicial en Nueva York, para evitar que el expresidente hiciera declaraciones públicas sobre los testigos, los abogados del caso o sobre el personal del tribunal a cargo del juicio.
