Guerra y racionamiento están habitualmente unidas. El conflicto bélico provocado por Rusia por invadir Ucrania está provocando una crisis energética. La situación lleva a la neutral Suiza a proponer medidas extraordinarias en el caso de que se agudice la escasez, y se vea obligada al racionamiento del gas.
Las medidas, aprobadas por el Departamento de Asuntos Económicos, Educación e Investigación (EAER), todavía tienen que pasar por el Parlamento. Prevén imponer una temperatura máxima de la calefacción de 19 grados, y que en la cocina el agua sólo se caliente hasta los 60 grados. Llegado el caso en que el país sufriera un racionamiento, también estarían prohibidos los calefactores radiantes o las tiendas de campaña de aire caliente. Así mismo, las piscinas no se podrán calentar. La medida afecta también a las saunas. Las ordenanzas también prohíben el uso de la calefacción en edificios abandonados.
Un estado policial, pero poco
Lo más llamativo de la regulación son las penas asociadas a la infracción de estas medidas: Van desde una multa, que puede alcanzar los 3.000 francos suizos (unos 3.150 dólares), o los 180 diarios (190 dólares), a una pena de prisión de hasta tres años. El portavoz del EAER, Markus Spörndli, ha declarado al diario Blick que “Las violaciones de la ley de suministro estatal son siempre delitos menores o incluso delitos en algunos casos y deben ser perseguidos por los cantones de oficio”.
Eso sí, el gobierno helvético no se dedicará a inspeccionar casa por casa el cumplimiento de estas medidas. Eso es lo que ha declarado el ministro de Economía, Guy Parmelin: “No somos un estado policial”, dice el vicepresidente del Partido Popular Suizo. O quizás no sean del todo un estado policial, porque Parmelin ha precisado que “la policía no va a ir a todas las casas, pero sí puede haber controles puntuales”.
Delaciones de vecinos
De todos modos, el gobierno confía en un doble principio. Por un lado, dice Spörndli, “los proyectos de ordenanza se basan principalmente en el hecho de que la gran mayoría de la población respeta la ley”. Ahora bien, para la minoría restante confían en el segundo principio: la delación por parte de los vecinos.
En cualquier caso, no será el gobierno confederal, sino los cantones los encargados de aplicar las ordenanzas. Algunos cantones se han quejado por el hecho de que las normas entran en un terreno gris, en que su aplicación resulta complicada. Por ejemplo, en ocasiones no está claro cuándo se ha abandonado el uso de un edificio, si todavía mantiene alguna actividad. Los cantones tienen hasta el 22 de septiembre para presentar alegaciones.
