Varios senadores republicanos están presionando a la Administración Biden para que publique el expediente de Alex Saab, el controvertido testaferro del dictador Nicolás Maduro que fue recientemente indultado por el presidente Joe Biden en un intercambio por diez ciudadanos estadounidenses que estaban presos en Venezuela, un contratista fugitivo del Pentágono y algunos presos políticos venezolanos.
“La historia debería recordarlo como un depredador de personas vulnerables”, dice una carta obtenida por Voz Media y firmada por los senadores republicanos Chuck Grassley, Marco Rubio y Jim Risch, todos miembros de alto perfil del Senado.
Carta de senadores republicanos enviadas al DOJ por el caso Saab by emmanuel.rondon on Scribd
“El gobierno de Estados Unidos cerró el caso contra Alex Saab cuando el presidente Biden perdonó sus crímenes. No hay base para ocultar las pruebas contra Saab al público estadounidense”, sentencia la misiva.
En la carta, Saab, de 52 años, es señalado como uno de los principales testaferros de Maduro y la principal conexión entre Venezuela y el régimen iraní. También se lee que el testaferro de Maduro ayudó a dos países exportadores de petróleo a burlar las sanciones de los Estados Unidos y que lavó cientos de millones de dólares a través de empresas fantasma por todo el mundo.
Saab fue indultado por Biden mientras permanecía en una prisión federal en Florida esperando su juicio por cargos de lavado de dinero. Al llegar a Caracas, tras su liberación, el dictador socialista venezolano recibió con honores a Saab, quien denunció supuestas torturas cuando esperaba la extradición de Cabo Verde.
Los senadores republicanos finalmente fijaron como fecha límite el 7 de febrero para que Garland publicara los archivos solicitados. En la carta afirmaron que la publicación de los registros sobre el caso Saab podría revelar detalles sobre las “confesiones” del testaferro, una referencia a sus reuniones secretas con la DEA antes de que se oficializaran las acusaciones en su contra.
La polémica liberación de Saab, cuestionada por los críticos de la Administración Biden como un síntoma de debilidad ante el régimen venezolano, se produjo después de que la Casa Blanca revertiera las sanciones impuestas por la Administración Trump al régimen venezolano en 2018, cuando Maduro fue “reelecto” en unas elecciones tildadas como falsas por la oposición, la comunidad internacional y el gran grueso de la sociedad civil venezolana que un año más tarde acompañó el ascenso de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Después de ese proceso, los esfuerzos de la oposición por deponer a Maduro del poder fracasaron. El momentum político de Guaidó se desvaneció y Washington, ya con Biden en el poder, empezó una política de acercamiento a Venezuela en busca de, supuestamente, apoyar una salida electoral que los críticos tachan de irreal.
De hecho, en las últimas semanas, tras un supuesto acuerdo electoral firmado en Barbados entre la oposición y Maduro, el régimen venezolano empezó una serie de nuevas persecuciones contra militares, civiles, periodistas y aliados de María Corina Machado, la nueva líder y cara de la oposición venezolana. La Administración Biden se limitó a condenar los ataques de Maduro como preocupantes, sin tomar acciones al respecto.
