El gobierno de Joe Biden anunció una nueva regla que redefine lo que significa “dedicarse al negocio de vender armas”. Elaborada por el Departamento de Justicia (DOJ), diferencia el negocio de lo que podría ser una venta entre particulares o coleccionistas.
El objetivo de esta distinción es separar entre quienes necesitarán hacer una verificación de antecedentes y quienes no la necesitarían. Por ejemplo, si alguien tiene un arma y quiere vendérsela a un amigo o un familiar, no ingresaría en esta categoría. Tampoco lo harían aquellos que compran y venden armas coleccionables.
Dicho esto, quienes sí ingresarían en el negocio serían quienes ofrecen armas para ganar dinero y les ofrecen a sus clientes otras tantas de su catálogo. De acuerdo con la nueva norma, ellos “presumiblemente necesitarían una licencia y realizar verificaciones de antecedentes”.
Además, la regla del DOJ agregaría la figura de la presunción. En otras palabras, las autoridades presumirían que un individuo está en este negocio ya tiene tachados estos casilleros: querer “obtener predominantemente una ganancia”, tener una página web publicitaria, comprar espacio publicitario y alquilar un espacio en una exposición de armas.
Todas estas disposiciones son un esfuerzo para cerrar la “laguna legal en las exhibiciones de armas” y la “laguna legal de Internet”, tal y como figura en la ley federal.
"La Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras fue aprobada por el Congreso para reducir la violencia armada, entre otras cosas, ampliando las comprobaciones de antecedentes que mantienen las armas fuera del alcance de los delincuentes", expresó al respecto el Fiscal General Merrick Garland.
"Esta norma propuesta implementa el mandato del Congreso de ampliar la definición de quién debe obtener una licencia y realizar una verificación de antecedentes antes de vender armas de fuego", sumó.
Según informó The Hill, se trata de otro paso hacia “un sistema de verificación de antecedentes universal para todas las ventas de armas sin requerir legislación del Congreso”.
El anuncio llegó después de que el gobierno ordenase al DOJ una revisión general para aumentar la cantidad de verificaciones de antecedentes realizadas antes de las ventas de armas.
