Las acusaciones e investigaciones en serie contra el expresidente Donald Trump están destinadas a amañar las elecciones presidenciales de 2024, pero la última acusación es única al amañar incluso sus secuelas.
Las anteriores acusaciones contra el expresidente habían abierto todo tipo de nuevos caminos legales al convertir delitos menores en graves y decidir que la prescripción es sólo una sugerencia, pero la acusación del 6 de Enero del fiscal especial demócrata Jack Smith criminaliza los desafíos electorales.
O al menos impugnaciones electorales contra demócratas. Y con ello, toda disidencia política.
La acusación del 6 de Enero sostiene que los desafíos electorales de Trump fueron un delito. ¿Qué ofrece esta última acusación que no ofrecieran las anteriores? Este está diseñado para intimidar a cualquier republicano que pudiera intentar impugnar el resultado de las elecciones presidenciales de 2024.
Insatisfechos con acusar al principal candidato a las primarias del Partido Republicano para amañar las elecciones, los demócratas están criminalizando a la oposición política antes y después de las próximas elecciones.
La acusación se parece más a un editorial del Washington Post con su afirmación de que Trump estaba "decidido a permanecer en el poder" y por eso "difundió mentiras" de que había habido fraude para "crear una intensa atmósfera nacional de desconfianza e ira, y erosionar la fe pública en la administración de las elecciones".
Si sostener que unas elecciones presidenciales fueron robadas es ilegal, ¿dónde está la acusación contra Al Gore? Ningún demócrata ha sido acusado por afirmar que George W. Bush fue elegido por boletas parcialmente perforadas (hanging chads) por impugnar su elección las dos veces en el Congreso, o por difundir mentiras y lanzar investigaciones por sus falsas afirmaciones de que Trump había sido elegido por los rusos, incluso cuando lo hicieron para "crear una intensa atmósfera nacional de desconfianza e ira".
Cuando los demócratas difunden mentiras sobre unas elecciones, consiguen contratos para libros y espacios nocturnos en MSNBC, y a veces, como Gore, incluso obtienen Óscars y Premios Nobel de la Paz.
La impugnación de elecciones es una práctica tradicional que se remonta a más de dos siglos, desde las elecciones presidenciales de 1800. Las naciones libres con elecciones abiertas no temen las impugnaciones electorales y los demócratas han gastado una fortuna en sus propios esfuerzos de impugnación electoral. La campaña de Biden gastó 20 millones de dólares en más de 60 demandas postelectorales en 2020.
Smith, un viejo amigo demócrata, no acusará a Biden ni a Marc Elias. En su lugar, acusa a Trump de delitos inventados como "obstruir e impedir el procedimiento del Congreso del 6 de Enero", una "conspiración contra el derecho al voto" y una conspiración para "obstruir" la "función legítima del Gobierno federal por la que los resultados de las elecciones presidenciales son recogidos, contados y certificados por el gobierno federal".
Describir las impugnaciones electorales llevadas a cabo públicamente como un esfuerzo para "defraudar" al Gobierno de los Estados Unidos convierte el 18 U.S. Code § 371 en una herramienta abierta para suprimir una amplia gama de disidencia política. Tratar el cabildeo o cualquier tipo de defensa como el equivalente de la manipulación de testigos arma el 18 U.S. Code § 1512 contra prácticamente cualquiera que intente influir en una función del Gobierno. Es decir, prácticamente todos los que se interesan por la política. Y, por último, desplegar el 18 U.S. Code § 241, originalmente diseñado para luchar contra el KKK, contra Trump y cualquiera que intente verificar los resultados legítimos de las elecciones convierte el fraude electoral en un derecho civil.
Más allá de los abusos malintencionados de la ley federal para atacar a un oponente político, la acusación de Smith creará una supresión sin precedentes de la oposición política que no terminará con Trump ni con las elecciones presidenciales de 2024. Smith no ha hecho otra cosa que tomar secciones de la ley y utilizarlas para construir una infraestructura criminal que puede usarse para ilegalizar la mayoría de los partidos y actividades políticas a un nivel con el de la China comunista o Rusia.
Este era el estado totalitario de las cosas que el Rusiagate solo había insinuado pero que alcanza su madurez con una acusación que no sólo es inconstitucional, sino que pretende sustituir cualquier tipo de sistema político abierto por un estado de vigilancia paranoica que acaba sin piedad con cualquier amenaza a la "democracia" abusando de las leyes existentes para perseguir y encarcelar selectivamente a los oponentes políticos.
Y eso es lo que realmente está en juego aquí.
El escrito de acusación del 6 de Enero se basa en gran medida en editorializar sobre la amenaza a la democracia, acusando al expresidente de "mentiras desestabilizadoras sobre el fraude electoral" que "apuntaban a una función fundamental del Gobierno federal", aunque sin establecer realmente por qué desafiar las funciones federales debería ser un delito. Si presionar a los legisladores estatales y buscar electores alternativos es un delito, entonces prácticamente todos los presidentes anteriores a 1900 habrían sido encarcelados. Por no hablar de aspirantes a figuras políticas como Alexander Hamilton. Y cada vez que los demócratas pierden unas elecciones, empiezan a conspirar para eliminar el Colegio Electoral y han estado intentando hacerlo por la puerta de atrás utilizando medidas globales como el Pacto Interestatal de Voto Popular Nacional (NPVIC).
¿Debería tratarse al NPVIC y a los estados que participan en él como una conspiración criminal contra una "función fundamental del Gobierno federal"? La acusación de Smith ha creado un precedente.
El escrito de acusación acusa repetidamente a Trump y a sus socios de "fraude" partiendo de la presunción, evidente para los demócratas, de que Biden había ganado las elecciones y que, por tanto, impugnarlas es fraudulento. La acusación de Smith basa sus alegaciones de fraude en las afirmaciones de su propio partido, utilizando retórica como "alegaciones de fraude infundadas", "investigaciones electorales falsas" y "falsas alegaciones de fraude electoral". Todas estas son opiniones partidistas del fiscal y no de la ley.
Y a eso se reduce la acusación. ¿Es ilegal discrepar de los demócratas? Si lo es, como afirma Smith en su acusación, entonces todas las formas de oposición política son también ilegales.
Los demócratas y sus medios de comunicación sostienen que la acusación es apolítica cuando no sólo es el producto de un sesgo político, sino que sólo puede existir como un documento político demócrata que no tiene relevancia para un sistema jurídico independiente de sus sesgos. En una visión demócrata del mundo, Trump estaba haciendo "afirmaciones falsas" sobre unas elecciones que perdió.
Pero, como gran parte de la política, es una opinión, no un hecho.
Se puede acusar a la gente por lo que hace, no por lo que cree, y sin embargo Smith machaca obsesivamente en lo que creía Trump porque sin eso no hay delito. Y si no hay delito sin creencia, entonces nunca hubo delito para empezar.
Smith afirma que Trump hizo "afirmaciones falsas" a sabiendas de que, entre otras cosas, el secretario de Estado de Nevada había publicado un documento "Hechos frente a mitos". Según la acusación, no es posible que el presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado de Nevada estén en desacuerdo, y es ilegal que el primero no se someta a la autoridad del segundo.
Los demócratas que rechazaron las conclusiones de la secretaria de Estado de Florida, Katherine Harris, en 2000, que entonces fue denunciada, amenazada y parodiada, no fueron juzgados. La cuestión no son las posiciones relativas, sino la política relativa de republicanos y demócratas.
Los demócratas se han pasado las dos últimas generaciones criminalizando la disidencia política. Los activistas medioambientales exigen que se acuse de fraude a las empresas petroleras y gasísticas porque "niegan" el calentamiento global. Los departamentos de policía se enfrentan a investigaciones sobre derechos civiles cuando cuestionan las acusaciones de racismo sistémico. La acusación del 6 de enero forma parte de un programa totalitario que rechaza la idea de disidencia política y la centralidad del debate en el mercado de ideas de nuestro sistema.
Esta acusación no se refiere sólo a una amenaza a un expresidente, sino a la Carta de Derechos.
Si la acusación de Smith del 6 de Enero prospera, la libertad muere y la disidencia se convierte en ilegal. Disentir de los izquierdistas ya no sólo supondrá perder el trabajo o discutir en las redes sociales, sino detenciones, juicios y penas de prisión. Lo que está en juego es la supervivencia de Estados Unidos.
