Tras décadas de vacilaciones, la Corte Suprema de Estados Unidos ha declarado finalmente y con firmeza que la Constitución no permite a las universidades financiadas con fondos públicos tener en cuenta la raza, como tal, en sus procesos de admisión. Se trata de una decisión que muchos, incluido este autor, llevan defendiendo desde los años setenta, cuando apareció mi primer artículo en la revista jurídica, en el que pedía que la discriminación positiva se basara en criterios no raciales y en los logros individuales.
La Corte Suprema lleva tiempo avanzando en esta dirección, pero hasta ahora había permitido lagunas del tamaño de estadios universitarios de fútbol. Estas lagunas fueron aprovechadas por las universidades para aplicar sistemas de cuotas en virtud de los cuales cada año se admitía aproximadamente el mismo porcentaje de solicitantes pertenecientes a minorías. Los resultados de estas cuotas afectaron sobre todo a uno de los grupos más discriminados de la historia de Estados Unidos: los estadounidenses de origen asiático. Los demandantes en el caso de Harvard eran estadounidenses de este tipo. Será interesante ver cómo se ven afectadas sus cifras por la decisión.
A las dos horas de conocerse la decisión, Harvard emitió un comunicado y un vídeo de su nuevo presidente en el que prometía su cumplimiento, al tiempo que aseguraba seguir preocupándose por la diversidad y otros criterios que a menudo sirven de tapadera para las cuotas raciales. Queda por ver lo que Harvard y otras escuelas consideran qué constituye el cumplimiento.
La decisión mayoritaria, redactada por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, sigue permitiendo cierta consideración de la raza, siempre que sea individualizada. Permite a las universidades tener en cuenta las cartas de motivación de los estudiantes que se centren en la raza del solicitante, siempre que éste relacione su raza con una desventaja individual, la inspiración u otros criterios vagos. Harvard destacó esa parte de la decisión en su comunicado y seguramente la empleará en la mayor medida posible para mantener los porcentajes actuales.
Incluso si las universidades consiguen eludir el principal argumento de la Corte de que la raza por sí sola no puede tenerse en cuenta, la decisión 6-3, escrita por el líder centrista de la Corte, anuncia un importante principio de derecho constitucional que había estado en duda desde el advenimiento de la discriminación positiva basada en la raza. El dictamen explica detalladamente por qué tener en cuenta la raza, como tal -ya sea para favorecer o perjudicar a un solicitante-, es incompatible con la historia y las políticas subyacentes a la cláusula de igualdad de protección de la 14ª Enmienda. El dictamen rechaza el argumento de que las Enmiendas posteriores a la Guerra Civil se diseñaron únicamente para proteger a los afroamericanos que acababan de salir de los horrores de la esclavitud. El dictamen también rechazó el argumento de que la raza por sí sola puede tenerse en cuenta en un esfuerzo por aumentar la igualdad, la diversidad u otros valores que las universidades tienen derecho a preservar. Hace la importante observación de que utilizar la raza como tal necesariamente estereotipa y reduce a los individuos a formar parte de grupos raciales.
Aunque esta decisión se dividió según las actuales líneas conservadoras-progresistas, con la disidencia de los tres progresistas de la Corte, en realidad refleja el progresismo tradicional. El juez William Douglas, quizá el juez más liberal de la historia de la Corte Suprema, defendió precisamente este enfoque de neutralidad racial cuando se introdujo por primera vez la discriminación positiva. Tenía razón entonces, y su enfoque progresista y daltónico ha sido ahora reivindicado.
Un sencillo ejemplo demuestra por qué emplear la raza como criterio es inconstitucional e inmoral. Como señaló correctamente la Corte Suprema, la admisión en las universidades de élite es un juego de suma cero: por cada estudiante o grupo al que se da preferencia, otro sale perjudicado. Consideremos esta elección de suma cero: un solicitante negro procede de una familia rica y bien educada; su madre es juez federal y su padre dirige un fondo de cobertura multimillonario; ambos fueron a institutos y universidades de élite; viven en un barrio acomodado con excelentes colegios; reciben asistencia sanitaria de primera categoría (conozco a gente así). Un aspirante blanco creció en una zona rural del Medio Oeste; su madre murió de una sobredosis de fentanilo cuando él tenía 6 años; su padre, alcohólico, abandonó a la familia poco antes; fue a escuelas públicas mediocres, pero se esforzó por sacar buenas notas y resultados en los exámenes. Antes de la decisión de hoy, una universidad financiada con fondos públicos podía dar preferencia al solicitante negro privilegiado sobre el solicitante blanco no privilegiado, incluso si el solicitante blanco tenía mejores números y mejores recomendaciones. Eso es sencillamente erróneo. Y ahora también es ilegal.
Según la nueva decisión de la Corte Suprema, todos los solicitantes deben ser tratados como individuos. Por supuesto, los individuos pertenecen a grupos: raciales, religiosos, de género, etc. Estos grupos pueden tener una profunda influencia en el individuo y los solicitantes individuales tienen derecho a utilizar su asociación de grupo como parte de su perfil total. Pero las universidades no están autorizadas a tomar decisiones basadas únicamente en el color de la piel (que en sí mismo suele ser un continuo).
Será fascinante observar cómo responden las universidades a esta decisión. Así que permanezca atento. La búsqueda de una sociedad daltónica basada en el sueño de Martin Luther King Jr. está aún muy lejos. Esta decisión nos acerca un paso de gigante a conseguirlo.
