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La Corte Suprema extiende la paralización de la ley que permite la detención de inmigrantes ilegales en Texas

El freno a la medida estará vigente hasta el lunes 18 de marzo.

Los miembros de la Guardia Nacional de Texas impiden el acceso a un conjunto de migrantes que buscan asilo en los Estados Unidos

Agents of the Texas National Guard block the passage through a barbed fence to a group of migrants seeking asylum in the United States from Ciudad Juarez, Chihuahua state, Mexico on January 30, 2024. (Photo by HERIKA MARTINEZ / AFP)

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La Corte Suprema de Estados Unidos extendió el freno a la ley de Texas que le permite a la policía local y estatal detener a inmigrantes ilegales. La paralización se dio con el objetivo de darle tiempo al estado para responder a la solicitud del Departamento de Justicia que solicitaba suspender la aplicación de la ley. Ahora, la decisión del máximo tribunal del país estará vigente hasta el 18 de marzo.

"Considerando la solicitud del abogado de la parte demandante, y de la respuesta presentada a la misma, se ordena que la suspensión emitida el 4 de marzo de 2024 sea por la presente extendida hasta las 5:00 p.m. (EDT) del lunes 18 de marzo de 2024", explicó la orden firmada por el juez Samuel Alito.

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El DOJ presentó la semana pasada una solicitud de emergencia, pidiéndole a la Corte Suprema que interviniera en el caso para frenar el texto promulgado por el gobernador Greg Abbott.

La procuradora general, Elizabeth Prelogar, escribió en la petición que "la medida cautelar dictada por el tribunal de distrito simplemente mantiene el statu quo existente desde hace tiempo mientras prosigue este litigio; la suspensión del tribunal de apelación, por otra parte, provocaría daños directos e irreparables a intereses federales fundamentales".

La mencionada normativa, conocida como SB4, permite a las fuerzas del orden texanas detener y encarcelar a quienes cruzan la frontera ilegalmente, sin necesidad de un permiso federal. Tras ser detenidos, los inmigrantes podrían aceptar la orden de un juez estatal de irse el país o enfrentarse a una acusación de delito menor ingreso ilegal. Quienes no se vayan del país tras recibir la orden de expulsión, podrían ser detenidos nuevamente y acusados de un delito más grave.

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