Revés de la Corte Suprema de Arizona a los legisladores estatales sobre la cuestión del aborto. Con cuatro votos a favor y dos en contra, la Corte Suprema del estado ratificó la prohibición del aborto en el estado, rechazando la nueva ley y reinstaurando la legislación de 1864.
Dicha ley hace del aborto un crimen en la mayoría de los supuestos. Convierte en delincuentes a aquellas que se sometan a una operación de aborto, así como aquellos que hayan aportado alguna ayuda material para llevar a cabo el mismo. Se trata de una ley que precede incluso a la fundación de Arizona como estado. Por orden de la Justicia, la legislación tendrá vigencia dentro de 14 días.
El fallo echa por tierra la legislación vigente que permitía la interrupción del embarazo en el estado hasta las 15 semanas.
La ley contempla penas de entre dos y cinco años de prisión para sus supuestos punibles. Incluye una excepción extremadamente limitada para "cuando sea necesario" salvar la vida de una mujer embarazada.
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— Governor Katie Hobbs (@GovernorHobbs) April 9, 2024
Los demócratas de Arizona cargaron contra la decisión de los jueces. "La decisión tomada hoy por la Corte Suprema de Arizona es inconcebible y una afrenta a la libertad", dijo el fiscal general demócrata, Kris Mayes, en un comunicado. "No se equivoquen, al anular efectivamente una ley aprobada este siglo y sustituirla por una de hace 160 años, la Corte ha puesto en riesgo la salud y la vida de las arizonenses".
La Casa Blanca también condenó la sentencia de la Justicia. "Seguiremos luchando para proteger los derechos reproductivos y pediremos al Congreso que apruebe una ley que restablezca las protecciones de Roe contra Wade", dijo Joe Biden en un comunicado poco después de conocerse el fallo. En la misma línea, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, aseguró que la sentencia solo sirve para generar "caos".
El expresidente Donald Trump por su parte se adelantó al a sentencia y ayer ya ofreció algunos comentarios acerca del aborto. El republicano opinó que la legalidad de la práctica debe ser una decisión de cada estado. Por ello, se negó a legislar a favor o en contra en caso de llegar a la Casa Blanca.
