La Administración Biden sabía que menores inmigrantes estaban sufriendo explotación laboral pero no hizo nada. Al menos, en el sentido que se supone, puesto que varios funcionarios que denunciaron estos hechos fueron represaliados e incluso perdieron su puesto de trabajo, según desveló una investigación de The New York Times. Las empresas que incurrieron en estas prácticas, sin embargo, apenas fueron inspeccionadas e incluso algunas mantienen a adolescentes en las labores señaladas.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, más de 330,000 niños migrantes llegaron sin acompañantes en los últimos tres años. Los menores son derivados al cuidado Departamento de Salud y Servicios Humanos, siendo muy corriente que busquen algún empleo que les permita enviar dinero para ayudar a familiares dentro y fuera de Estados Unidos. Miles de estos chicos acabaron desempeñando trabajos muy duros por todo todo el país, -mataderos, sustituyendo tejados, manejando maquinaria en fábricas-, infringiendo las leyes sobre trabajo infantil, según desveló una reciente investigación del NYT. Tras la publicación del artículo en febrero, la Casa Blanca anunció cambios de política y medidas enérgicas contra las empresas que contratan a niños.
Denuncias continuadas
I know the fear of coming to a new country at a young age. It's sickening that migrant children in Little Village and across the country are being exploited like this.
These children should be in school, not working overnight in slaughterhouses and factories. https://t.co/RopgTEXe4B
— Congressman Chuy García (@RepChuyGarcia) April 18, 2023
No obstante, los periodistas del NYT encontraron una realidad diferente. En el documento publicado, el periódico indica que, a pesar de que las denuncias llegaron incluso al secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, la respuesta no pasó de la emisión de comunicados de prensa:
Una y otra vez, veteranos funcionarios y contratistas externos comunicaron al Departamento de Salud y Servicios Humanos, incluso en informes que llegaron al Secretario Xavier Becerra, que los niños parecían estar en peligro. El Departamento de Trabajo emitió comunicados de prensa señalando un aumento del trabajo infantil. A altos funcionarios de la Casa Blanca se les mostraron pruebas de explotación, como grupos de niños inmigrantes que habían sido encontrados trabajando con equipos industriales o productos químicos cáusticos. Mientras la administración se apresuraba a desalojar los centros de acogida que estaban desbordados, los niños eran puestos en libertad con escaso apoyo de patrocinadores que esperaban que asumieran trabajos agotadores y peligrosos.
Acusaciones entre Departamentos
De hecho, los redactores denuncian que los trabajadores de los distintos departamentos "expresaron su preocupación por los niños inmigrantes", pero echaban la culpa de no haberlos protegido a las demás agencias. "Los funcionarios del H.H.S. dijeron que el departamento investigaba suficientemente a los patrocinadores, pero no podía controlar lo que ocurría con los niños una vez que eran puestos en libertad. La supervisión de los lugares de trabajo, dijeron, era tarea del Departamento de Trabajo", apuntan. Por su parte, algunos funcionarios del Departamento de Trabajo señalaron que que sus inspectores pusieron el foco con mayor ahínco en el trabajo infantil y compartieron sus resultados con el H.H.S., "pero afirmaron que no era una agencia de asistencia social".
Para completar el circuito, trabajadores de la Casa Blanca reconocieron que ambas agencias les habían transmitido información sobre la explotación laboral de menores inmigrantes, pero justifican su falta de reacción a que los informes no aparecían marcados como urgentes y no dejaban claro el alcance real del problema. Tras la denuncia del NYT, Robyn M. Patterson, portavoz de la Casa Blanca, anunció que la estaban aumentando el escrutinio de los empleadores y revisando su investigación a los patrocinadores. "Es inaceptable que las empresas utilicen mano de obra infantil, y esta administración seguirá trabajando para reforzar el sistema de investigación de estas violaciones y responsabilizar a los infractores", señaló Patterson.
Where’s @AOC been? Remember her theatrics when Trump was in office? https://t.co/hJQw48GskE pic.twitter.com/YwTIrr81MH
— Jake Stull (@PoliticsInChief) April 17, 2023
Saturación de los centros de menores por el covid
La realidad, sin embargo, sigue sin responder a lo que señalan desde la Administración. La saturación de los centros de menores que se produjo como consecuencia de la pandemia del covid hizo que se rebajaran los controles para dejar a los menores en manos patrocinadores, que no eran suficientemente investigados, ni se les realizaba un seguimiento pormenorizado para conocer su situación fuera de los centros.
Linda Brandmiller, que en 2021 trabajaba en un estadio que se convirtió en un refugio para Dreamers, y cuya labor era supervisar que los posibles patrocinadores de los menores no abusaran de ellos, detectó dos casos sospechosos en su primera semana. Así, comunicó sus sospechas a los supervisores que trabajaban con el H.H.S. sobre un hombre que quería apadrinar a tres niños para emplearlos en su empresa de construcción y un segundo que se ofrecía apadrinar a dos niños, pero dejando claro que éstos tendrían que trabajar para sufragar el coste de llevarlos al norte.
Represalias por denunciar la situación
Brandmiller dejó claro en sus correos que se trataba de algo "¡muy urgente!", pero no recibió respuesta. Al enterarse de que un adolescente iba a ser entregado al segundo individuo, y que éste ya había recibido a otro menor de 14 años, volvió a escribir a sus superiores reclamando "inmediata atención" al asunto. Incluso escribió al responsable del albergue. La única respuesta que recibió fue su despido sin explicaciones.
Algo parecido le ocurrió a Jallyn Sualog, que era el miembro de carrera de mayor rango de la división de H.H.S. responsable de los niños migrantes no acompañados cuando Biden llegó a la Casa Blanca. Alarmada por los informes sobre Dreamers entregados a adultos que mintieron sobre sus identidades o que planeaban explotarlos, advirtió a sus jefes en un correo electrónico: "Si no se sigue haciendo nada, se producirá un suceso catastrófico". Sualog advirtió que se trataba de situaciones "críticas" y que "ponían a los niños en peligro".
"No querían oírlo"
Pronto se dio cuenta de que nadie la hacía caso, por lo que cursó una denuncia ante la Oficina del Inspector General del Servicio de Salud -el organismo de control interno de la agencia- acogiéndose a la protección de los denunciantes. Su preocupación le llevó a hablar con funcionarios del Congreso sobre lo que estaba sucediendo. "A falta de protestar en las calles, hice todo lo que pude para advertirles, Pero no querían oírlo", lamentó la funcionaria.
La veterana funcionaria fue trasladada algo que denunció como una represalia por sus continuadas protestas. El otoño pasado, la Oficina del Inspector General publicó un informe en el que reconocía que el caso de Sualog y otros descensos de categoría y despidos en la agencia "pueden haber alcanzado el nivel de intimidación de los denunciantes".
