Un total de veintiún fiscales generales demócratas están presionando al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito con el objetivo de que derogue la ley de Idaho. Una norma que prohíbe a los estudiantes transgénero usar los baños y vestuarios de las escuelas públicas atendiendo a su identidad de género.
Impulsada principalmente por el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, y la de Nueva York, Letitia James, la apelación pretende vetar el Proyecto de Ley Senatorial 1100. Una ley aprobada por el gobernador republicano de Idaho, Brad Little, el pasado 1 de julio mediante la cual se prohíbe a los estudiantes transgénero usar baños y vestuarios que no se correspondan con su sexo biológico.
Sin embargo, los estudiantes trans no están de acuerdo con la ley y este verano, la Alianza de Género y Sexualidad de Boise High School y la estudiante transgénero que figura en el escrito bajo el apodo de Rebecca Roe presentaron una demanda contra el estado en un tribunal federal con la intención de impedir que los funcionarios escolares hicieran cumplir la nueva ley. Una norma que, se lee en el escrito, permite a los estudiantes presentar requerimientos legales mediante los cuales exijan a las escuelas 5.000 dólares o más cada vez que se encuentren con un estudiante transgénero en un baño que no se corresponda con la identidad de género biológico.
La ley de baños anti-transgénero "va en contra de los derechos civiles"
Este es el mismo Proyecto de Ley estatal que intentan vetar los veintiún estados demócratas. El más interesado en ello es Bob Ferguson, fiscal general de Washington. Él aseguró, mediante un comunicado, que esta norma va en contra de las leyes federales de derechos civiles y que, por tanto, debe ser derogada:
Permitir que los estudiantes usen baños y vestuarios que correspondan con su identidad de género les ayuda a sentirse aceptados y no representa una amenaza para nadie. En Washington, donde los derechos de los estudiantes transgénero están protegidos, las escuelas públicas no informan de ningún caso de estudiantes transgénero que acosen a otros en los baños o vestuarios. Por el contrario, la evidencia es abrumadora de que prohibir a los estudiantes el uso de instalaciones que correspondan a su identidad de género les causa un daño físico, emocional y mental muy real.
Palabras con las que coinciden los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Washington DC. Todos ellos coinciden en que "garantizar que las personas transgénero tengan acceso a instalaciones públicas acordes con su identidad de género, incluido el acceso a baños comunes, beneficia a todos, sin comprometer la seguridad o la privacidad, ni imponer costos significativos".
