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Condenan a seis miembros de la secta Naciones Unidas del Islam por obligar a realizar trabajos forzados a sus seguidores

Las víctimas, incluyendo niños pequeños, eran privadas de la comida, les prohibían hablar durante semanas, las encerraban en un sótano oscuro, les imponían trabajo por más de 16 horas diarias y las golpeaban.

Departamento de Justicia

Departamento de JusticiaAFP

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El Departamento de Justicia informó de que un jurado de Kansas condenó a seis personas por cinco cargos de trabajos forzados. Otras dos personas ya se habían declarado culpables de conspiración para cometer el delito de trabajos forzados. Dentro de los abusados se incluyen muchos menores que fueron separados de sus padres.

Se trata de Kaaba Majeed, Yunus Rassoul, James Staton, Randolph Rodney Hadley, Daniel Aubrey Jenkins y Dana Peach.

“Según las pruebas presentadas ante el tribunal durante el curso del juicio, las acusadas eran todas ex miembros de alto rango de las Naciones Unidas del Islam (UNOI), o eran esposas del fundador de la UNOI, Royall Jenkins”, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

La fiscal general adjunta Kristen Clarke de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia sostuvo que los líderes de la secta manipularon y abusaron de la confianza de sus seguidores.

“Los acusados traicionaron esta confianza, explotando a los niños pequeños en la organización al obligarlos cruelmente a trabajar. El procesamiento de este caso es un testimonio del compromiso inquebrantable del Departamento de Justicia de hacer que los traficantes de personas rindan cuentas. El Departamento de Justicia continuará investigando y procesando enérgicamente a los delincuentes parásitos que se dirigen a las víctimas vulnerables para financiar sus estilos de vida”, expresó Clarke.

En ese sentido, el Departamento de Justicia explicó que los principios de la UNOI incluían muchas reglas que los miembros debían seguir, exigían “obligaciones” o trabajo no remunerado y enfatizaban las consecuencias religiosas eternas y negativas del incumplimiento.

De acuerdo con las autoridades, la UNOI operaba en varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Kansas City, Kansas; Nueva York; Newark, Nueva Jersey; Cincinnati, Ohio; Dayton, Ohio; y Atlanta, entre otras.

El departamento indicó que las víctimas trabajaban en restaurantes, panaderías, gasolineras, laboratorios y una fábrica de ropa y costura propiedad de la UNOI, a menudo hasta 16 horas al día. Las víctimas también proporcionaban servicios domésticos y de cuidado infantil en las casas de los acusados. Ninguna de las víctimas recibió jamás una compensación por los años de trabajo que realizaron en las empresas de la UNOI o a instancias de los acusados.

“En sus anteriores funciones de liderazgo en la UNOI, los acusados aceptaron obligar a más de una docena de víctimas, incluidos varios menores, algunos de los cuales tenían tan solo ocho años, a trabajar y prestar sus servicios entre octubre de 2000 y noviembre de 2012”, resaltó el departamento.

“Todas las víctimas vivían en condiciones deplorables, en instalaciones superpobladas a menudo invadidas por moho, ratones y ratas. En cambio, los acusados y sus familias inmediatas vivían cómodamente”, agregó el comunicado.

Además, se supo que los acusados castigaban regularmente a las víctimas por violar las reglas. Les negaban la comida, les prohibían hablar con otras personas durante más de dos semanas, las encerraban en un sótano oscuro y aterrador, les imponían trabajo extra y las golpeaban, a veces delante de otras personas para crear un clima de miedo e intimidación.

“Los acusados incluso sujetaron a una víctima boca abajo sobre las vías del tren porque no admitía haber robado comida cuando tenía hambre. Otra víctima bebió agua de un retrete porque tenía mucha sed después de que no se le permitiera beber”, detalló el departamento.

Finalmente, se informó que las audiencias de sentencia están programadas para el 18 de febrero de 2025. Kaaba Majeed enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, así como una restitución obligatoria. El resto de los acusados enfrentan una pena máxima de cinco años de prisión. 

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